Miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba presentaron este lunes 28 de junio una queja ante el Tribunal Popular y Fiscalía del municipio Placetas, en la provincia de Villa Clara, por decenas de violaciones a la libertad religiosa cometidas por funcionarios del gobierno.
Los Yorubas Libres solicitan una investigación sobre estas violaciones, que están prohibidas por la Constitución cubana. Donaida Pérez Paseiro, presidente de esta organización religiosa, junto con la miembro Yaimara Reyes Soler, entregaron la denuncia en las dependencias oficiales mencionadas.
Sin embargo, la Fiscalía se negó a aceptar la denuncia, alegando seguridad “por COVID”, y dirigió a las mujeres a un buzón de correo. En el tribunal de Placetas, inicialmente las religiosas encontraron resistencia a recibir el documento, pero ante la insistencia de las Yorubas Libres, el Secretario finalmente lo aceptó, informó Global Liberty Alliance (GLA) en un comunicado al que tuvo acceso ADN Cuba.
Las denunciantes creen que la comunidad de creyentes yorubas puede recibir represalias por lo que hicieron. “Aunque seamos una asociación independiente que no tiene nada que ver con la oposición, somos catalogados por el régimen como miembros de la oposición. Cualquiera que no actúe de acuerdo con sus decretos, lo trata como contrarrevolucionario”, dijo Donaida Pérez Paseiro.
“Durante años, a los Yorubas Libres de Cuba –ciudadanos cubanos– se les ha negado el acceso a sus propios tribunales y mecanismos de resolución de disputas. Sin inmutarse, los yorubas tuvieron éxito hoy y exigirán reparación de sus agravios en un foro en la isla”, dijo el presidente de GLA, el abogado Jason Poblete.
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Agregó que “la discriminación es técnicamente ilegal en Cuba, pero ¿por qué los yorubas son discriminados ilegalmente por el Estado por sus creencias y, tal vez, por otros motivos, incluida la raza? ¿Qué teme el sistema legal cubano, o la Oficina de Asuntos Religiosos, de los yorubas?”.
En la denuncia, redactada con la asistencia de un abogado independiente en Cuba, los miembros de los Yorubas Libres alegan que su grupo ha sido designado erróneamente como una entidad política, aunque se definen como una asociación de creyentes en la religión de origen africano.
“La designación errónea se ha hecho por razones políticas. Como resultado, una comunidad ya marginada en la sociedad cubana ha sufrido más discriminación, incluyendo la negación del derecho a usar prendas de vestir o cubrebocas, como es su tradición de creencias”, explica la nota de GLA.
“A los miembros más jóvenes se les ha prohibido ingresar a las escuelas debido al atuendo yoruba. Los miembros mayores han experimentado persecución en el lugar de trabajo, y algunos incluso han sido expulsados de los centros de trabajo afiliados al estado”.
En Cuba es difícil que una demanda de los ciudadanos contra funcionarios del Estado prospere. A menudo, a los ciudadanos se les niega la entrada a las instituciones de justicia, o los papeles con las denuncias son desechados y no ingresan al sistema, aseveró GLA.
