Un grupo de cubanos protestará el próximo 23 de junio en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, para pedir la libertad de los presos políticos.
La convocatoria para encontrarse allí a las 10:00 a.m. es organizada por S.O.S Cuba y ProActivo Miami, según reza el cartel oficial.
"Convocamos a todos los cubanos a reunirnos frente a las Naciones Unidas en NY (sic) para exigir la libertad de todos los presos políticos. ¡Únete!", escribió en redes sociales, Daniel Alejandro Jordan Álvarez.
"En medio de una crisis económica y sanitaria y una escasez material imparable, hay algo en Cuba que aumenta: el número de presos políticos y los castigos ejemplarizantes contra los ejemplos de desobediencia civil", agregó el texto.
Según los organizadores, el objetivo es visibilizar la situación que atraviesan los activistas y ciudadanos que deciden ejercer su libertad individual y oponerse al status quo en la isla.
Regresa la Primavera Negra: 14 nuevos presos políticos en mayo
Al cierre de mayo, se registran en Cuba 14 nuevos presos políticos, para un total de 150, según el informe de Prisoners Defenders (PD).
De acuerdo con la ONG son cifras récord, que no se daban en el país desde la llamada Primavera Negra en 2003.
Son 12 convictos de conciencia: Maykel Castillo Pérez (Movimiento San Isidro), Delvis Sardiñas Mora (FANTU), Yuisán Cancio Vera (independiente), Luis Ángel Cuba Alfonso (independiente), Thais Mailén Franco Benítez (independiente), Esteban Lázaro Rodríguez López (colaborador de ADN Cuba), Inti Soto Romero (independiente), Orestes Varona Medina (UNPACU), Yeilis Torres Cruz (UNPACU), Roberto Perdomo Fuentes (Alianza Democrática Oriental), Carlos Alberto Álvarez Rojas (independiente) y Adrián Coroneaux Stevens (MONR).
Además, los dos nuevos condenados de conciencia son Waldo Hernández Batista (FANTU) y Cándido Chacón Puñales (UNPACU).
Dicha organización también reconoce otros 11,000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, censados con datos oficiales a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como "pre-delictivos".
La organización considera que se trata de un procedimiento "infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
