Dos cubanoamericanos interpusieron una demanda contra la Zona Económica Mariel, la gallina de los huevos de oro con que el castrismo pretende reflotar la economía cubana.
Hilda M. Castañedo Escalón y Emma Díaz heredaron de su padre la propiedad sobre unas minas de metal en Pinar del Río, las Minas de Matahambre. Su familia también poseía almacenes, carreteras e instalaciones portuarias, entre otras propiedades. La revolución de Fidel Castro les incautó todas sus posesiones sin indemnización en 1961.
Según El Nuevo Herald, Castañedo y Díaz demandan a TRAFIGURA TRADING, una compañía de Singapur con subsidiarias en Estados Unidos. Al parecer, la empresa asiática ha invertido unos 600 millones de dólares en un proyecto conjunto con el gobierno para explotar las minas.
De acuerdo con el Título III de la Ley Helm-Burton, las demandantes pueden exigir hasta tres veces el valor de las ganancias obtenidas por la propiedad incautada por el régimen cubano. El Título IV de la Ley vigente también puede prohibir la entrada a EEUU de los responsables de la empresa que “trafica” con la propiedad decomisada en Cuba.
El Título III permite a los cubanoamericanos demandar a quienes “trafiquen” con propiedades expropiadas lo que ha provocado un encontronazo diplomático con Europa, la principal inversionista en la isla. Legisladores demócratas y grupos favorables al acercamiento al gobierno cubano han pedido la suspensión de ambos títulos que han golpeado duramente las inversiones en la isla.
Las minas pertenecieron a la familia hasta el inicio de la década del 60, cuando la Revolución cubana expropió a la familia.
Un total de 5913 reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia de EEUU y otras 200 000 no certificadas pueden interponer demandas de indemnización al gobierno cubano y a inversionistas que utilicen las propiedades confiscadas, de acuerdo con la ley Helms-Burton.
El gobierno Estados Unidos, además, ha "certificado" casi 6000 casos de sus ciudadanos o empresas que también alegan que perdieron propiedades en la isla después de 1959.
Según un análisis publicado en el sitio CubaTrade, las tasas de presentación de demandas en cortes norteamericanas ascienden a US$ 130,960.00. En las acciones legales están involucrados 25 bufetes de abogados, y un total de ochenta y tres litigantes, que representan a los 72 demandantes.
En abril de 2019, descendientes del terrateniente Rafael Lucas Sánchez Hill también anunciaron demandas en tribunales de EEUU contra la cadena española Melia Hotels International por la explotación de los hoteles Sol Río de Luna y Mares y Paradisus Río de Oro, construidos sobre un terreno de 40.000 hectáreas en Holguín que le fue confiscado a la familia.
Tras la puesta en vigor del Título III de la Helms-Burton, el 2 de mayo de 2019, Meliá aseguró que la medida no suponía "ninguna alteración sustancial" de su actividad en Cuba y que "opera legítimamente" en la Isla.
