Un informe realizado por agencias de estado colombianas denuncia la existencia de un entramado para la injerencia de Cuba en la nación sudamericana de cara a los comicios presidenciales de 2022, en los cuales el régimen de La Habana querría que la izquierda obtuviese la victoria.
Según el documento, al cual tuvo acceso la revista Semana, uno de los medios colombianos más prestigiados, “Cuba ejecuta una estrategia de injerencia en Colombia a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN”.
Uno de los actores principales dentro de esa estrategia es el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, quien presentó credenciales ante el gobierno de Juan Manuel Santos mientras Bogotá negociaba la paz con las FARC.
De él se asegura en el informe titulado “Estrategia de injerencia cubana en asuntos de independencia y soberanía de Colombia” que “habría sido expulsado de Estados Unidos por espionaje el 19 de agosto de 1996”.
“Además, se hace una reseña de su gestión diplomática, y fuentes cercanas a la investigación le dijeron a Semana que se indaga si él y su segundo a bordo en Bogotá estarían al tanto del plan cubano de injerencia indebida en los asuntos internos del país. Las autoridades identificaron que los tentáculos cubanos tienen interés, simpatía y relación cercana con un aspirante a la Presidencia”, detalla el referido medio en su reporte sobre el entramado.
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Junto a Ponce Caraballo, otro nombre propio que reluce en el informe es el de Fernando González Llort, exespía de la Red Avispa que dirige el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), con el cual tiene una estrecha relación el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC).
El dosier hecho por agencias de inteligencia sostiene que las actividades de injerencia cubana estarían camufladas por medio de las tareas legales del MCSC, una organización que lleva muchos años operando en Colombia y que está conformada por 23 casas de solidaridad.
Si bien las casas hacen referencia a organizaciones sociales y de ayuda y no hay ninguna investigación penal abierta en su contra, el informe vincula a varias de ellas con el Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN y las acusa de recibir financiación de ese grupo, “la cual sería ‘legalizada’ a través de actividades como rifas y eventos”.
El MCSC tendría un rol determinante en una estrategia indebida de Cuba en Colombia, que viola la convención de Viena, subraya el documento. “El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba es ‘usado’ por cubanos para desarrollar actividades de cabildeo. Ejemplo: la firma de acuerdos de cooperación con autoridades locales colombianas, labores de diseminación de campañas mediáticas a favor de la isla y apoyo social a manifestaciones en contra de la estabilidad nacional”, detalla uno de los extractos citados por Semana.
De acuerdo con esta publicación, las autoridades colombianas consideran que por medio de esta organización se propician labores paralelas “de reclutamiento-adoctrinamiento de jóvenes”, con un perfil de inconformidad y vulnerabilidad al no recibir apoyos del Estado, y se impulsa la protesta social para golpear al actual Gobierno y generar un ambiente de inestabilidad y caos.
Todo con miras a que en las próximas elecciones gane o avance la izquierda más cercana a los regímenes de La Habana y Caracas, los que, en complicidad o cercanía con Moscú, ven en Colombia “la joya de la región porque a lo largo de su historia reciente ha podido mantener blindadas sus instituciones y su democracia a pesar de todas las amenazas e interferencias de Gobiernos extranjeros”.
Las relaciones entre Colombia y Cuba durante el gobierno de Iván Duque han tenido momentos de tensión y la existencia del informe acusatorio podría enturbiarlas aún más. La injerencia pretendida o real de La Habana en países latinoamericanos no es inédita, pero su exposición ahora con un nuevo caso o entramado deja en entredicho una vez más al régimen, enfrascado en negar actuaciones que motivaron su inclusión en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo confeccionada por el Departamento de Estado estadounidense.
