La OEA habló. Ahora debe actuar

La declaración emitida este martes por la Secretaría General de la OEA sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela es positiva y necesaria. En un continente donde con demasiada frecuencia se ha optado por la ambigüedad frente a las dictaduras, resulta valioso que el principal organismo político hemisférico reclame la restauración de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la liberación incondicional de los presos políticos.

Importa que la OEA haya afirmado que en las Américas no debe haber lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento por opiniones o disidencia. Importa también que haya señalado, en una misma declaración, a los tres regímenes que representan hoy las expresiones más persistentes y graves del autoritarismo regional: la dictadura castrocomunista de Cuba, la tiranía de Ortega y Murillo en Nicaragua y el sistema represivo que ha destruido la democracia en Venezuela.

Pero las palabras, por correctas y necesarias que sean, no bastan. El momento que viven los pueblos cubano, nicaragüense y venezolano exige pasar de las declaraciones a la acción.

Conviene recordar que este pronunciamiento procede de la Secretaría General de la OEA y no constituye todavía una resolución aprobada por los Estados miembros. Esa diferencia es esencial. Una declaración expresa preocupación y fija una posición moral. Una resolución colectiva puede incluir condenas claras, exigencias concretas, plazos, mecanismos de seguimiento y consecuencias políticas para quienes persisten en violar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Eso es lo que hoy se espera de las democracias del continente.

Cuba continúa bajo un sistema de partido único que niega libertades políticas elementales. Nicaragua ha perseguido, encarcelado, desterrado y despojado de sus derechos a opositores, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. Venezuela necesita acelerar una verdadera transición democrática, liberar a todos los presos políticos y restituir las garantías que permitan elecciones libres, competitivas y transparentes.

No se trata de asuntos internos que puedan esconderse tras el pretexto de la soberanía. Los derechos humanos no son propiedad de los gobiernos ni concesiones graciosas de los tiranos. Cuando un régimen encarcela a sus ciudadanos por disentir, destruye la independencia judicial, cierra los medios libres y elimina toda posibilidad de alternancia, no debe disfrutar de la indiferencia de sus vecinos.

Por eso, la OEA y sus Estados miembros deben asumir una posición más firme. Deben condenar sin ambigüedades la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Deben exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el fin de la tortura y las detenciones arbitrarias, la restitución de las libertades de expresión, asociación, religión y prensa, y el inicio de transiciones democráticas reales.

El continente debe además sumarse a una política coordinada de sanciones y presiones contra los responsables de la represión, la corrupción y el sostenimiento de estas dictaduras. No se trata de castigar a los pueblos, sino de responsabilizar a quienes les han robado sus derechos y su futuro. Las sanciones deben dirigirse contra los jerarcas, los represores, los operadores financieros y las estructuras económicas que mantienen en pie esos regímenes.

Estados Unidos debe continuar y reforzar esa presión. En Venezuela, debe utilizar toda su influencia para acelerar el proceso de transición, exigir la liberación total de los presos políticos y evitar que concesiones parciales o acuerdos entre élites sirvan para prolongar el poder de quienes destruyeron la democracia. Una transición verdadera no puede limitarse a cambios cosméticos ni a simples sustituciones de nombres dentro del mismo aparato autoritario. Debe devolver el poder al pueblo venezolano.

Las demás naciones americanas deben acompañar a Estados Unidos en esa estrategia. La experiencia demuestra que las dictaduras no ceden ante la retórica complaciente ni ante diálogos sin condiciones. Ceden cuando enfrentan presión internacional coordinada, aislamiento político de sus responsables, sanciones dirigidas y exigencias claras de democratización.

Esa es hoy la fórmula que puede resultar verdaderamente efectiva para producir cambios democráticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela: presión firme contra los responsables, apoyo directo a las víctimas, respaldo a la sociedad civil independiente y una exigencia inequívoca de libertad, derechos humanos y elecciones libres.

La declaración de la OEA debe ser bienvenida. Pero no puede ser el punto de llegada. Debe ser el comienzo de una política continental más decidida. Los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no necesitan únicamente solidaridad verbal. Necesitan que las democracias de América actúen con la urgencia y firmeza que imponen tantos años de represión, miseria y falta de libertad.