La Red de Observatorios Independientes de Cuba presentó este jueves en Miami el Informe Cuba 2025: Derechos humanos, crisis estructural y desprotección, una investigación de más de 200 páginas que reúne datos procedentes de encuestas, monitoreo ciudadano, análisis económicos, observación electoral y documentación de derechos humanos para ofrecer una radiografía de la situación de la isla durante el pasado año. 

La presentación tuvo lugar en la Steven and Dorothea Green Library de Florida International University (FIU), como parte del V Encuentro de Observatorios Independientes de Cuba.

La presentación del Informe Cuba 2025 también estuvo junto a la conferencia Colapso social en Cuba, donde activistas, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil cubana expusieron datos sobre el deterioro económico, social y político de la isla y defendieron la necesidad de articular una alternativa frente al régimen.

Durante el encuentro, Rosa María Payá, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que “la alternativa política al régimen es indispensable” y advirtió que la transición democrática constituye no solo una urgencia política, sino también “una necesidad de supervivencia humana”.

Pobreza extrema y familias que dejan de comer

Uno de los datos centrales del estudio indica que el 89% de los hogares incluidos en la VIII Encuesta de Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se encuentra en situación de pobreza extrema. Datos recientes actualizados este 2026 -y presentados en el evento de la FIU- ubican que ya la extrema pobreza en Cuba afecta al 94% de la población. 

El mismo estudio de la OCDH señala que el 55% de los hogares considera sus ingresos insuficientes incluso para adquirir lo esencial y que otro 27% apenas consigue cubrir sus necesidades básicas. 

La precariedad económica tiene un impacto directo sobre la alimentación. Según los datos recogidos por el informe, el 71% de las personas consultadas ha tenido que saltarse comidas por falta de recursos, mientras la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 de Food Monitor Program (FMP) determinó que el 29,3% de los encuestados come únicamente dos veces al día.  

El deterioro afecta especialmente a los adultos mayores. El documento recuerda que Cuba tenía más de 2,5 millones de personas de 60 años o más y señala que buena parte de los jubilados sobrevivía con una pensión mínima de 1.528 pesos cubanos, frente a una canasta alimentaria calculada independientemente entre 10.000 y 12.000 pesos por persona. 

Un salario medio equivalente a unos 13 dólares

En el frente económico, el informe recoge un salario medio oficial de 6.930 CUP mensuales, que al tipo de cambio informal utilizado para el cierre de 2025 equivalía aproximadamente a 13 dólares. Las pensiones, según el documento, rondaban apenas los tres dólares mensuales. 

Los investigadores describen este escenario como una “estabilidad por empobrecimiento”: una aparente desaceleración de algunos indicadores de precios que no respondería a una recuperación productiva, sino a la pérdida de capacidad de compra y a la contracción de la demanda. 

El documento también señala que la contracción económica acumulada desde 2019 ronda el 10% y recoge una caída del 53,4% de las actividades agrícolas, ganaderas y mineras durante los últimos cinco años. 

Agua y apagones como parte de la crisis alimentaria

El informe analiza de forma conjunta la inseguridad alimentaria, hídrica y energética. Según datos sistematizados por Food Monitor Program, el 65,95% de los hogares incluidos en su medición enfrenta alguna forma de inseguridad hídrica: el 38,9% recibe agua de manera intermitente cada dos días, el 24,76% cada tres días o más y el 2,29% no dispone de conexión a la red pública. 

La falta de electricidad agrava además la capacidad de cocinar y conservar los alimentos. El estudio señala que aproximadamente el 90% de los hogares depende de la electricidad para cocinar y que más del 71% de las familias consultadas afirmó que los apagones habían perjudicado directamente su alimentación.  

Más de 11.000 protestas y denuncias

Otro de los grandes indicadores del deterioro social es el aumento de la conflictividad. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 11.268 protestas, denuncias y declaraciones críticas durante 2025, más de un 25% por encima del año anterior, según los datos presentados durante la convocatoria del informe. 

Los apagones, la escasez de alimentos, la inflación y el deterioro de los servicios básicos estuvieron entre los principales detonantes de esas expresiones de descontento. El informe señala que diciembre terminó con un máximo de 1.333 acciones cívicas registradas. 

48 feminicidios documentados

En materia de violencia contra las mujeres, el informe recoge 48 feminicidios verificados durante 2025, con una sobrerrepresentación de mujeres afrodescendientes. En el 54,2% de los casos analizados no pudo determinarse si habían existido denuncias previas contra los agresores. 

La documentación procede, entre otras fuentes, del Observatorio de Género Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba, cuyos registros cuestionan la ausencia de un marco legal integral y de protocolos obligatorios de alerta inmediata ante desapariciones de mujeres y niñas. 

GAESA y la concentración de los recursos

Uno de los apartados más relevantes del informe está dedicado al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas.

A partir del análisis realizado por el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) sobre balances financieros filtrados, el documento estima que los activos corrientes del conglomerado alcanzaban unos 18.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 14.500 millones corresponderían a reservas líquidas en cuentas bancarias. 

El análisis estima además que los ingresos de GAESA equivaldrían a más de tres veces la recaudación total del presupuesto estatal y que el conglomerado tendría participación en aproximadamente el 34% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 

El propio informe introduce una cautela metodológica importante: esas cifras proceden de balances correspondientes a períodos anteriores que fueron anualizados para poder compararlos con las cuentas nacionales, por lo que no deben interpretarse como una fotografía exacta de la liquidez de GAESA al cierre de 2025. 

Una red de organizaciones independientes

El informe combina investigaciones y registros elaborados por distintas organizaciones y observatorios independientes, entre ellos Food Monitor Program; el Observatorio Cubano de Derechos Humanos; el Observatorio Cubano de Conflictos; el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana; el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60); el Observatorio de Género Alas Tensas; Yo Sí Te Creo en Cuba; la Asociación Sindical Independiente de Cuba; el Observatorio Legislativo de Cuba; Observadores de Derechos Electorales; y el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, además de otras organizaciones y fuentes utilizadas en capítulos específicos. 

La investigación se construyó mediante encuestas de campo, monitoreo legislativo y judicial, análisis de balances financieros filtrados, seguimiento de la conflictividad social y observación directa de procesos electorales y mecanismos de rendición de cuentas. 

Los autores advierten, sin embargo, que una parte de los estudios se vio afectada por las restricciones para realizar investigaciones independientes dentro de Cuba. Por ello, determinados resultados deben interpretarse como evidencia de las poblaciones estudiadas y no necesariamente como estadísticas nacionales extrapolables. 

Una misma conclusión detrás de nueve capítulos

Los nueve capítulos abarcan desde alimentación, agua, energía y envejecimiento hasta violencia de género, economía, trabajo, protestas, elecciones y funcionamiento institucional. El documento sostiene que esos problemas no deben entenderse como crisis aisladas, sino como expresiones de un mismo modelo de asignación de recursos y concentración del poder. 

La conclusión central del estudio es que el Estado cubano profundiza simultáneamente el control político y económico mientras reduce la protección material y jurídica de sus ciudadanos. Los autores plantean que la actual crisis responde, además de a factores económicos y externos, a decisiones institucionales que priorizan la preservación de estructuras políticas y económicas de poder sobre las necesidades básicas de la población. 

El informe está dirigido especialmente a organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a periodistas, investigadores, organizaciones de cooperación y a la propia ciudadanía cubana dentro y fuera de la isla.