El régimen cubano anunció este miércoles un nuevo paquete de medidas económicas durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), entre ellas la eliminación de 92.000 plazas de trabajo en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, así como una mayor autonomía para las empresas estatales y supuestas flexibilizaciones en materia económica, pero todo bajo su control.

Al presentar un informe sobre el programa gubernamental para 'corregir distorsiones y reimpulsar la economía', el primer ministro Manuel Marrero aseguró que las plazas eliminadas corresponden "fundamentalmente" a cargos administrativos vacantes y que el resto de los organismos estatales concluirá este proceso en septiembre.

Aunque el régimen insiste en que la medida no afectará puestos ocupados, el anuncio se produce en un contexto de severa crisis económica, reducción del gasto estatal y escasez de personal en sectores esenciales como la salud y la educación, afectados desde hace años por la emigración masiva de profesionales y los bajos salarios.

Entre las principales decisiones anunciadas figura una ampliación de las facultades de las empresas estatales, que podrán aprobar sus propios sistemas salariales, definir precios y tarifas, realizar inversiones financieras, desarrollar cualquier actividad económica lícita y decidir con mayor flexibilidad el destino de sus utilidades, según informó Cubadebate.

Asimismo, se eliminarán restricciones relacionadas con el fondo salarial, que pasará a depender de la capacidad económica y financiera de cada empresa, previo acuerdo con las organizaciones sindicales.

Marrero afirmó que estos cambios buscan abandonar la "concepción tradicional" para avanzar hacia un modelo con mayores incentivos y autonomía empresarial, aunque sin modificar el predominio del Estado sobre los principales sectores de la economía.

El primer ministro también informó que en Cuba existen actualmente más de 15.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias aprobadas.

Más de 876.000 personas en situación de vulnerabilidad

Durante su intervención, Marrero reconoció que hay más de 876.000 personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.

La cifra refleja el deterioro de las condiciones de vida de una parte significativa de la población en medio de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el desabastecimiento y los prolongados apagones que afectan a la isla.

Turismo paralizado e inversión extranjera

El funcionario castrista anunció igualmente la aprobación del primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja y la creación de la primera zona con regulaciones especiales para una empresa de capital totalmente extranjero dedicada al turismo de salud, aunque no ofreció detalles sobre la compañía ni el alcance de la inversión.

En contraste, reconoció que el 73 % de las instalaciones hoteleras del país permanecen cerradas, con alrededor de 25.000 trabajadores sin empleo.

Los anuncios se producen apenas días después de que el régimen aprobara el Decreto 160/2026, firmado también por Marrero, que flexibiliza parcialmente las restricciones al sector privado al reducir el listado de actividades económicas prohibidas para actores no estatales.

La norma permite que las mipymes y trabajadores privados incursionen en nuevas áreas anteriormente reservadas al Estado. Sin embargo, la dictadura mantiene bajo monopolio sectores considerados estratégicos, como la prensa, las telecomunicaciones y la actividad política.

Tanto el decreto como las medidas presentadas esta semana forman parte del paquete de 176 medidas económicas y sociales anunciado por el régimen en junio, con el que busca contener el deterioro de una economía golpeada por la escasez crónica, la inflación, los apagones y el éxodo masivo de cubanos.

El plan mantiene intacto el modelo político de partido único y no contempla cambios institucionales que impliquen una redistribución del poder dentro del sistema controlado por el Partido Comunista de Cuba.