Al menos tres menores de edad continúan detenidos más de un mes después de las protestas ocurridas el pasado 21 de junio en Contramaestre, Santiago de Cuba, en medio de una amplia operación represiva desplegada por la Seguridad del Estado tras el incendio del Museo de Maffo.
La activista y profesora Anamely Ramos denunció este miércoles que en el municipio se desarrolla "una auténtica cacería" contra adolescentes y jóvenes, con arrestos, presiones e intentos de construir expedientes penales a partir de confesiones obtenidas bajo coacción.
"Después de la quema del Museo de Maffo, ocurrida en medio de las protestas del 21 de junio, la Seguridad del Estado desató una operación de castigo contra adolescentes y jóvenes del municipio", escribió Ramos en Facebook.
Según la activista, los menores que permanecen encarcelados son Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años; José Jorge Menéndez Vázquez y José Ángel Borrero, ambos de 17 años. Los tres permanecen recluidos en el centro de la Seguridad del Estado conocido como Versalles, en Santiago de Cuba.
Ramos explicó que, aunque algunos jóvenes inicialmente detenidos fueron liberados por falta de pruebas que los vincularan con el incendio, estos tres adolescentes continúan privados de libertad.
A ellos se suman Lester Ramírez Ramírez, de 21 años; Vladimir Yanquis, alias El Coco, de 29 años, y Harold González, de 18 años, arrestado por un expediente distinto relacionado con el incendio de una instalación conocida como TM-8, ubicada en la entrada de Contramaestre, donde también habrían resultado quemados vehículos policiales.
Sobre el caso de Vladimir Yanquis, Ramos señaló que algunas personas han intentado justificar su detención por tener antecedentes penales, pero advirtió que ello no constituye prueba de participación en los hechos investigados.
"Según la información que llega desde Contramaestre, fue detenido, golpeado y vinculado al caso sin contar con pruebas para ello", afirmó.
La activista añadió que personas cercanas a los detenidos le han informado que los menores recluidos en Versalles habrían sido presionados para incriminar a Yanquis.
"Al parecer, no han logrado sostener esa versión, porque los muchachos siguen presos", escribió.
Denuncian una "redada" tras las protestas
Ramos denunció que, tras cada episodio de protesta o actos de sabotaje registrados en Contramaestre, las autoridades responden con detenciones masivas de jóvenes.
"La lógica represiva es brutal: cada protesta, cada incendio, cada señal de hartazgo popular termina convertida en una redada. Detienen a muchachos del barrio, los incomunican, los golpean, los amenazan, los separan de sus familias y después intentan armar un relato penal con lo que puedan conseguir bajo presión", sostuvo.
La profesora hizo además un llamado a las familias para que denuncien los casos o, al menos, compartan información con activistas y organizaciones de derechos humanos que permita documentar la situación.
"El silencio deja a estos muchachos todavía más solos frente a la Seguridad del Estado", advirtió.
Contexto de las protestas
La operación represiva se inició tras el incendio del Museo de Maffo, ocurrido durante las protestas del 21 de junio en Contramaestre, una de las mayores expresiones de descontento registradas este año en el oriente cubano.
En esos mismos días también fue incendiada la Casa Memorial Orlando "Olo" Pantoja Tamayo, acción que posteriormente fue reivindicada por el Movimiento 24 de Febrero, una organización juvenil clandestina surgida en octubre de 2025 en Contramaestre tras las protestas antigubernamentales registradas en ese municipio.
Según ha declarado el propio grupo opositor, su objetivo es enfrentar a la dictadura cubana mediante acciones de resistencia. Desde su creación ha distribuido propaganda y colocado carteles contestatarios en localidades como Baire, Maffo y la cabecera municipal de Contramaestre.
La organización también asegura haber denunciado públicamente presuntos casos de corrupción que involucraban a funcionarios locales, entre ellos el intendente Karel Vázquez y el entonces presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Manuel Alfaro, quien posteriormente fue destituido.
Las denuncias sobre los menores detenidos se producen en un contexto de creciente preocupación por la criminalización de adolescentes en Cuba. Organizaciones como Cubalex han advertido que las autoridades recurren cada vez con mayor frecuencia a la prisión preventiva contra menores de edad vinculados a protestas, en procesos marcados por la falta de información a las familias, restricciones al derecho de defensa y denuncias de presiones durante los interrogatorios.
