El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este viernes prácticas de explotación laboral contra los profesionales de la salud cubanos desplegados en la región de Calabria, Italia, donde La Habana retendría la mayor parte de los salarios pagados por las autoridades italianas, además de imponer restricciones a las libertades personales de los trabajadores.

Durante un encuentro virtual con políticos, activistas y periodistas, la investigadora y periodista Annarella Grimal presentó un informe que cuestiona las condiciones de contratación de los médicos cubanos y el papel de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), entidad estatal que intermedia en estos acuerdos.

Según los datos expuestos, las autoridades italianas asignan un salario base de 4.700 euros mensuales por cada médico, pero el régimen cubano solo permite que los profesionales retengan un máximo de 1.200 euros en concepto de estipendio.

“El Estado cubano capta la mayor parte de los recursos destinados al personal médico mientras impone normativas y controles que limitan sus libertades básicas”, señaló Grimal durante la presentación.

El informe también detalló que, hasta marzo de 2025, Italia había invertido 27,5 millones de euros para contratar a 333 médicos cubanos. Sin embargo, de ese monto, la entidad estatal cubana habría transferido únicamente 6,2 millones de euros a los profesionales.

A estas retenciones se sumarían cobros de hasta un 43% sobre las horas extraordinarias trabajadas, así como exigencias contractuales para devolver a las cuentas de la comercializadora estatal el 50% del pago por horas extra y de la decimotercera paga.

Otro de los aspectos señalados por el OCDH es el sistema de control al que están sometidos los trabajadores. La investigación documenta la existencia de 37 circulares vinculantes y reglamentos con más de 30 prohibiciones que restringirían su libertad de movimiento, sus declaraciones a la prensa y el establecimiento de relaciones personales.

Durante el encuentro, Maylín Fernández, exjueza profesional en Cuba y abogada, pidió recurrir a los mecanismos internacionales de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea (UE) para investigar posibles casos de trata de seres humanos.

“La protección internacional no solo alcanza a las víctimas: también puede comprometer la responsabilidad de los Estados que permiten o no investigan la explotación en su territorio”, advirtió Fernández.

La sesión, moderada por la doctora Daily Coro, parte del equipo del OCDH, abordó además los problemas relacionados con las transferencias de dinero tras las sanciones financieras de julio de 2026, que habrían dificultado el cobro de los salarios. Según lo expuesto, esta situación abrió la posibilidad de que decenas de médicos solicitaran modalidades de contratación directa e independiente con el sistema sanitario italiano.

Al concluir el encuentro, los participantes instaron a las autoridades europeas y a los países receptores a eliminar la intermediación estatal en la contratación de los profesionales cubanos, garantizarles asistencia legal independiente y fiscalizar posibles prácticas de trabajo forzado dentro de los acuerdos de cooperación médica.

El OCDH ya había pedido investigar posibles casos de trata en septiembre

La denuncia de este viernes se suma a los esfuerzos del OCDH para que las autoridades europeas investiguen las condiciones en las que trabajan los profesionales cubanos enviados a Italia.

En septiembre, la organización pidió a funcionarios y autoridades de la Unión Europea investigar posibles casos de trata de personas en la brigada médica cubana que permanece en ese país, donde trabajan unas 200 personas. 

La solicitud se produjo meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaran un informe sobre las condiciones laborales y las restricciones a la movilidad de los trabajadores cubanos enviados a misiones médicas internacionales.

Una de las denuncias recurrentes de médicos cubanos que han participado en estas brigadas es la retención de sus documentos de identidad, una práctica que puede limitar su autonomía y su capacidad para abandonar las misiones.

En abril de 2025, el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció durante el pódcast oficialista Desde la Presidencia, conducido por el dictador Miguel Díaz-Canel, que los pasaportes de los profesionales enviados al extranjero habían estado en manos de las jefaturas de las brigadas.

Las denuncias sobre retenciones salariales, restricciones personales y control de los documentos han alimentado los cuestionamientos internacionales contra el sistema de misiones médicas del régimen cubano, que La Habana presenta como un mecanismo de cooperación sanitaria, pero que organizaciones de derechos humanos señalan como un modelo que puede vulnerar los derechos laborales y las libertades fundamentales de los profesionales.

El OCDH reclama ahora que los países europeos investiguen irregularidades y garanticen que los médicos cubanos puedan trabajar bajo contratos directos, con control efectivo sobre sus ingresos y sin restricciones incompatibles con sus derechos.