Varios sobrevivientes de la lancha con matrícula de Florida interceptada por el régimen cubano el pasado 25 de febrero hablaron por primera vez en siete meses con la prensa, mientras permanecen en prisión preventiva por cargos relacionados con terrorismo, según un reportaje publicado este miércoles por Belly of the Beast.
Cuatro de los cinco hombres que sobrevivieron al enfrentamiento —José Manuel Rodríguez Castelló, Christian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez y Conrado Galindo Sariol— fueron entrevistados por separado durante su permanencia bajo custodia.
Amijail Sánchez González, el quinto sobreviviente, no participó en las conversaciones. Según el reporte, se negó a ser entrevistado o no se le permitió hablar con los periodistas.
Las conversaciones se realizaron en julio, en una sala de conferencias de una vivienda ubicada en un barrio residencial de La Habana y perteneciente al Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior (MININT).
Los cuatro detenidos fueron trasladados al lugar con monos naranjas y esposados; un agente de la Unidad Táctica Especial del MININT les retiró las esposas antes de comenzar las entrevistas. En la sala estuvieron presentes Edward Robert Campbell, fiscal del caso, y el coronel Francisco Estrada Portales, jefe de las investigaciones del MININT sobre delitos contra la Seguridad del Estado.
Los entrevistados dijeron que aceptaron voluntariamente hablar con los periodistas y que lo hicieron sin representación legal. Sin embargo, Belly of the Beast precisó que las condiciones de las entrevistas, realizadas mientras los hombres permanecen detenidos y bajo supervisión de funcionarios cubanos, impiden verificar de manera independiente que no haya existido presión.
Igualmente los presos políticos denunciaron que han tenido problemas en el acceso a abogados. Rodríguez Castelló aseguró que todavía no encontraba un abogado dispuesto a asumir su defensa; Cruz Gómez dijo que aún no había solicitado uno; Acosta Guevara afirmó que se había reunido varias veces con su abogado. En el caso de Galindo Sariol, su esposa, Ana Seguí, aseguró que cuenta con representación legal desde marzo.
Los cinco sobrevivientes permanecen en una sección de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana.
Durante las entrevistas, los hombres ofrecieron versiones diferentes sobre su participación en la operación. Galindo sostuvo que fue obligado a viajar a Cuba, mientras Acosta expresó arrepentimiento por haber participado. Cruz dijo que continúa defendiendo la idea de la libertad para Cuba, aunque cuestionó si la lucha armada era el camino adecuado. Rodríguez, en cambio, se mostró desafiante y afirmó que mantiene su compromiso con el derrocamiento del gobierno cubano.
Los cuatro coincidieron, según el reportaje, en que no dispararon durante el enfrentamiento con las Tropas Guardafronteras. La investigación periodística señala que nueve de los diez ocupantes de la embarcación fueron alcanzados por disparos, mientras que el único herido del lado cubano fue el capitán de la patrulla. Los cuatro hombres entrevistados también relataron que el enfrentamiento terminó después de que Cruz levantara un brazo en señal de rendición.
Tras el tiroteo, los sobrevivientes fueron trasladados inicialmente al hospital provincial Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, donde Cruz y Roberto Álvarez Ávila fueron sometidos a cirugías. Álvarez murió el 4 de marzo debido a complicaciones asociadas a sus heridas. Con su fallecimiento, el saldo del incidente ascendió a cinco muertos y cinco sobrevivientes detenidos.
Ya en prisión, Galindo dijo que recibió una patada en las piernas el día que llegó al Combinado del Este. Rodríguez afirmó que fue amenazado y que un agente de Guardafronteras pisó intencionalmente su pierna herida poco después del tiroteo. Familiares también han formulado otras denuncias sobre las condiciones de los detenidos.
La operación ocurrió el 25 de febrero en las inmediaciones de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, Villa Clara, y les imputaron delitos relacionados con terrorismo, agresión armada y entrada ilegal al territorio nacional.
De acuerdo con el fiscal Edward Robert Campbell, citado por Belly of the Beast y anteriormente por Associated Press, los cargos relacionados con terrorismo pueden acarrear hasta 30 años de prisión o incluso la pena de muerte.
El proceso también involucra a Duniel Hernández Santos, señalado por las autoridades como supuesto cómplice en Cuba, mientras que la Fiscalía del régimen ha considerado la posibilidad de juzgar en ausencia a la activista exiliada Maritza Lugo, señalada por La Habana como vinculada a la organización de la operación. Lugo ha negado conocer o participar en los planes.
