Una de las 17 madres que permanecen ocupando una antigua academia de boxeo en Caracatey, Santa Clara, provincia de Villa Clara, denunció nuevas amenazas de las autoridades para obligarlas a abandonar el inmueble, entre ellas la retirada de la asistencia social que recibían y advertencias de que serían expulsadas por la fuerza.
La mujer, cuya identidad se mantiene protegida por temor a represalias, declaró a ADN Cuba que la semana pasada funcionarios de la zona les comunicaron que les quitarían la pensión de 3.335 pesos cubanos que recibían como asistenciadas, una medida que consideran otra forma de presión para forzarlas a abandonar el local.
La situación ha generado mayor preocupación entre las familias, que llevan más de tres semanas en el inmueble junto a decenas de menores y denuncian que no reciben ninguna solución habitacional por parte de las autoridades.
“Estamos preocupadas porque nadie dice nada, está todo muy tranquilo y después de la calma viene la tormenta. Ya los niños no quieren ni ir a las escuelas porque el jefe de sector nos amenazó delante de ellos con llevarnos presas y tienen miedo. No deciden nada y el tiempo corre, y los pocos alimentos que teníamos se agotan”, relató la madre en un mensaje enviado a este medio la semana pasada.
La mujer también denunció que el pasado sábado 7 de noviembre se presentó en el lugar un supuesto entrenador que las amenazó con acudir al día siguiente con “machetes a sacarnos”.
Las madres temen que las autoridades recurran a la violencia para desalojarlas, después de semanas de advertencias de encarcelamiento y amenazas de separarlas de sus hijos, a quienes podrían trasladar a una institución de amparo filial.
En una denuncia anterior a ADN Cuba, publicada el 29 de octubre, la misma fuente confirmó que eran 17 mujeres con un total de 73 niños las que permanecían en la antigua academia de boxeo, reclamando una solución habitacional. También alertó sobre la presencia de bebés recién nacidos y menores con problemas de salud, así como la escasez de alimentos y agua que enfrentaban las familias.
En aquella ocasión, las mujeres denunciaron la presencia de funcionarios del régimen vestidos de civil que realizaron preguntas y grabaron imágenes en el inmueble. También señalaron que representantes de instituciones estatales las habían amenazado con posibles acusaciones por desobediencia y con la separación de sus hijos.
Las madres sostienen que no tienen otro lugar adónde ir y reclaman una respuesta de las autoridades ante su situación. Mientras tanto, la escasez de alimentos y la incertidumbre sobre un posible desalojo agravan las condiciones en que permanecen los menores.
El caso vuelve a evidenciar la profunda crisis habitacional que atraviesa Cuba y la desesperación de familias que recurren a ocupar instalaciones estatales ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
En julio de 2025, el Ministerio de la Construcción informó ante la Asamblea Nacional que el país acumulaba un déficit de 805.583 viviendas. De ellas, 407.219 necesitaban construirse y otras 398.364 requerían rehabilitación. Según las cifras oficiales, el 35 % del fondo habitacional cubano —alrededor de 1,4 millones de viviendas— se encontraba en estado regular o malo.
La escasa construcción de nuevas viviendas agrava el problema. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citados por IPS Cuba, durante 2024 se terminaron apenas 7.427 viviendas, un 55 % del plan previsto para ese año y menos de la mitad de las 16.065 construidas en 2023.