El Gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles que mantiene conversaciones con las autoridades cubanas, pero aseguró que La Habana se ha negado hasta ahora a aceptar propuestas que podrían mejorar la situación de los cubanos porque supondrían una amenaza para el control político del régimen.

“En realidad, las conversaciones están en curso y el régimen hasta ahora no ha estado dispuesto a aceptar nada que ayude al pueblo cubano y amenace, en última instancia, su control total”, declaró la Oficina de Prensa del Departamento de Estado a Martí Noticias.

Washington no ofreció detalles sobre quiénes participan en estos contactos, qué propuestas concretas habría rechazado La Habana ni en qué etapa se encuentran las conversaciones. 

El Departamento de Estado tampoco descartó ninguna alternativa dentro de la estrategia de la Administración de Donald Trump hacia la isla.

“Como ha dicho el presidente Trump, Cuba es un país fallido que ha sido terriblemente administrado durante muchos años”, señaló la Oficina de Prensa, que atribuyó la crisis cubana a la “descarada cleptocracia y mala gestión económica” de la dictadura.

El Departamento de Estado también vinculó su política hacia La Habana con preocupaciones de seguridad nacional y acusó al régimen de intentar socavar los intereses estadounidenses mediante actividades de espionaje. “El Gobierno de Trump continuará utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar las amenazas planteadas por un régimen a 90 millas de nuestras costas”, afirmó.

La administración estadounidense añadió que continuará considerando “todas las opciones” que puedan impulsar reformas económicas y políticas en Cuba y permitan que los cubanos tengan un futuro mejor.

Las declaraciones de Washington se producen días después de que la encargada de negocios de Cuba en Estados Unidos, Lianys Torres Rivera, reconociera a la agencia Reuters que ambos gobiernos mantienen canales de comunicación que incluyen reuniones, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, aunque negó que existan negociaciones formales. 

El Departamento de Estado calificó esa versión de “propaganda”.

La confirmación estadounidense se produce además en medio de una ofensiva de presión económica y política contra La Habana que la Administración Trump ha intensificado durante 2026. El 1 de mayo, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió el marco de sanciones contra personas y entidades vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, así como contra responsables de abusos graves de derechos humanos o corrupción.

En junio, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados al propio Miguel Díaz-Canel, así como a Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, y a Raúl Alejandro Castro Calís, además de Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel. También fueron sancionados el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la empresa minera estatal Minera La Victoria.

La presión alcanzó igualmente a sectores considerados estratégicos. El 11 de junio, Estados Unidos sancionó a la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), mientras que en julio fueron designadas empresas vinculadas al comercio exterior, el transporte marítimo y los servicios médicos cubanos. Entre ellas figuran GECOMEX, GEMAR, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y la Unidad Central de Cooperación Médica.

En septiembre, Washington volvió a ampliar las sanciones sobre las estructuras financieras y económicas del régimen. OFAC incluyó al Banco Exterior de Cuba, Comercial CUPET y otras empresas estatales, mientras que también sancionó a Fidel Ernesto Castro Calís, nieto de Raúl Castro y hermano de Raúl Alejandro Castro Calís. Las nuevas medidas se sumaron a modificaciones regulatorias que ampliaron las restricciones sobre transacciones directas e indirectas con entidades vinculadas al aparato militar, de inteligencia y seguridad cubano.

La estrategia de presión de Washington contrasta con el mensaje que La Habana ha intentado transmitir durante los últimos meses: disposición a realizar cambios económicos para atraer inversiones y enfrentar la crisis, pero sin aceptar modificaciones en el sistema político.

En junio, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro, defendió en una entrevista una mayor apertura económica sin apertura política. En julio volvió a plantear que estaría dispuesto a negociar directamente con Trump si el régimen se lo encomendaba, pero sin renunciar a los “principios de la Revolución”.

Una posición similar fue expuesta posteriormente por el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó que La Habana busca atraer inversión extranjera “de cualquier país”, incluido Estados Unidos. Al mismo tiempo, sostuvo que Cuba no está dispuesta a discutir sus asuntos políticos internos con Washington.

“Así que no debería sorprender que Cuba no esté dispuesta a discutir sus asuntos políticos internos con Estados Unidos”, declaró Fernández de Cossío al ser consultado sobre la posibilidad de que las relaciones bilaterales incluyeran cambios políticos.

De esta forma, mientras Washington afirma que las conversaciones buscan impulsar reformas que mejoren la situación de los cubanos y acusa al régimen de bloquearlas para preservar su control, La Habana parece limitar el espacio de negociación a medidas económicas que permitan obtener inversiones y aliviar la crisis sin modificar el sistema de partido único.

Las declaraciones de las dos partes muestran que el principal punto de fricción continúa siendo precisamente el alcance de cualquier eventual reforma: Washington habla de cambios económicos y políticos, mientras La Habana insiste en que su sistema político no está sujeto a negociación.