Cuba es un país eminentemente político, en el que la manipulación ideológica de sus gobernantes con el sueño de transitar hacia una sociedad socialista les ha permitido esconder, por más de 60 años, su fracaso económico.
Hasta julio de este año el salario mínimo de los trabajadores estatales apenas ascendía a los 225 pesos cubanos -equivalentes a nueve USD-, y el salario medio a 634 -25,36 USD, que no daba siquiera para mantener una alimentación decente ni poder adquirir productos de primera necesidad, lo cual condicionaba la corrupción social como mecanismo de supervivencia.
Tras el incremento salarial aplicado, los casi millón y medio de trabajadores estatales –según el diario estatal Granma- perciben como mínimo 16 USD y 42,68 como media. Sin embargo, la situación no ha variado mucho debido a la escasez, el continuo desabastecimiento en las cadenas estatales y el elevado costo del mercado negro, que hacen igualmente difícil satisfacer las necesidades básicas.
La actual administración encabezada por el presidente designado el 19 de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel, ha tenido que flexibilizar su mandato con la implementación medidas socioeconómicas, en aras de ganar la aceptación del pueblo. Dichas normativas exponen la inoperancia y rigidez con que gobernaban los dirigentes anteriores.
La medida más reciente, anunciada en julio pasado y confirmada este 15 de octubre en el programa Mesa Redonda por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, es la autorización de compra de electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías en divisas libremente convertibles.
A esta, se unieron otras como las bonificaciones o exenciones arancelarias a la importación de materias primas e insumos; la prestación de servicios de importación a las personas naturales con moneda libremente convertible, a través de empresas importadoras designadas por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; la venta de importaciones en zonas con régimen de depósito de la Aduana, entre otras.
A simple vista, las medidas abren la posibilidad de que cualquier persona natural compre o importe mercancías a través de empresas estatales, pero debemos entender por qué se introducen y qué implicaciones traen consigo.
Actualmente, el gobierno está saliendo de una crisis energética a la que denominó "coyuntura" y tiene grandes problemas para recaudar divisas internamente por varios factores: la disminución del turismo, la falta de un eficaz encadenamiento productivo a nivel empresarial y el elevado costo e inexistencia de productos en sus cadenas de tiendas, que provoca la fuga de divisas hacia otros mercados.
Para que se entienda mejor este último aspecto, resulta necesario ejemplificar que en estos momentos en el mercado estatal un aire acondicionado tiene un valor superior a los 450 USD (casi diez veces el salario promedio establecido en julio pasado), un refrigerador de gama media rebasa los 800 USD y un televisor de 32 pulgadas los 399 USD.
Esto explica por qué esos equipos electrodomésticos y demás artículos del hogar perduran en las tiendas: sencillamente es más económico para los ciudadanos cubanos adquirirlos en mercados foráneos.
Entre los principales destinos de los cubanos para importar mercancías en los últimos cinco años figuran Rusia, Panamá, Haití, Guyana, México, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y República Dominicana. Analicemos los más importantes.
Rusia, y en especial el Complejo Comercial Liublino de Moscú, fue en su momento itinerario ideal para los mercaderes del sector no estatal en la isla, quienes compraban ropa, zapatos, piezas de autos y otros artículos para su reventa. Sin embargo, el elevado costo del pasaje y de la estadía en la capital rusa propició que disminuyera el número de viajeros, explica Yankiel Hernández, quien ha hecho ocho viajes a esa nación.
Desde Haití, además del tráfico de bisutería, electrodomésticos y accesorios de telefonía celular, los ciudadanos cubanos y las llamadas ‘mulas’ importan fármacos de todo tipo, incluidas prótesis para cirugías mamarias sin calificación de origen.
Varias agencias de viaje promueven los paquetes turísticos hacia Puerto Príncipe con precios entre 945 y 1100 CUC, los cuales ofrecen visa de turismo de hasta un año con vuelo, traslado desde-hasta el aeropuerto, hotel con desayuno y cena, así como servicios de trámites para obtener residencia legal y permiso de trabajo incluidos.
Tal ha sido el impacto que, de acuerdo con la agencia Associated Press, hasta octubre de 2018, previo a la apertura de los mercados de Panamá y Nicaragua, los comerciantes de la Isla dejaron en las arcas de Puerto Príncipe millones de dólares mensuales, lo que contribuyó a elevar 2000 millones la recaudación del mercado global, pese a ser un destino carente de la popularidad turística de otras naciones debido a su pobreza extrema.
El otro paraje comercial de relevancia hasta julio pasado era Panamá. Cuentapropistas, artesanos o cualquier cubano que hubiese viajado anteriormente a otro país podía acceder a una tarjeta de turismo por un costo de 20 dólares. Ello les permitía una estancia exenta de visado de hasta 30 días para hacer compras en la Zona Libre de Colón (ZLC), amparada en el Decreto 613 del 22 de octubre de 2018.
Explica la agencia de noticias ANPanamá que hasta julio de este año llegaban allí diariamente más de 300 turistas de la Isla –9000 al mes en promedio– para hacer compras, lo que según el gerente del Departamento de Pases a esa Zona, Giovanni Ferrari, repercutía en más de 20 millones mensuales si se suman los gastos en hoteles y restaurantes.
Las reexportaciones a Cuba, valoradas en 335 millones de dolares según el comunicado emitido por la ZLC en su cuenta de Twitter, permitieron que la ZLC recuperara sus ventas tras varios años de severa crisis debido a la situación de Venezuela, la revalorización del dólar y los aranceles aplicados por Colombia a las reexportaciones de algunos productos.
Fue tan elevado el impacto de los comerciantes cubanos en la región itsmeña, que luego del freno a las tarjetas de turismo por un supuesto desorden migratorio, la actividad comercial de la zona registró una contracción del 12,2 por ciento entre enero y mayo de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se generaron 8727,5 millones de dólares, como apunta ANPanamá.
Aunque el Servicio de Migración de Panamá emitió una restricción de viaje, todavía existen dudas del por qué, dado que la situación era muy favorable para la economía itsmeña y varias publicaciones oficiales muestran que la tendencia del cubano era comprar y regresar a su país.
La incertidumbre se incrementa por el hecho de que los proveedores panameños se han convertido en los principales suministradores de varias redes de tiendas minoristas en la Isla caribeña, y según las autoridades, abastecerán el mercado con la entrada en vigor de las nuevas medidas. Esto se esclarece en el tuit publicado este 16 de octubre por la directiva de la ZLC, de que participarán cinco de sus empresas en la venidera Feria Internacional de la Habana (Fihav 2019).
Lo anterior quizás tenga relación con la decisión del gobierno cubano emitida el pasado 5 de julio en la Mesa Redonda por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, de frenar la fuga de divisas mediante la disminución de importaciones de las personas naturales destinadas al sector comercial privado.
En ese espacio, el ministro comentó además que se lanzarían ofertas competitivas como alternativa a un grupo importante de bienes traídos desde exterior para detener la fuga de divisas y regular el contrabando en el mercado ilegal interno, que ha opacado al estatal por ofrecer mayor diversidad y mejores precios.
Las disposiciones anunciadas por el vicepresidente cubano este 15 de octubre, que entrarán en vigor el día 28 de este mes, suponen un aliciente para aquellos que siempre criticaron la obligación de viajar a otro país para acceder a esos bienes.
Claramente son medidas positivas que debieron implementarse hace muchísimos años, pues aplicadas ahora solo como alternativa al déficit de divisas en el país, pone en duda el compromiso de la actual administración con el pueblo y evidencia la pésima gestión económica de los dirigentes hasta la fecha.
Según explicó Valdés Mesa, las ventas serán únicamente mediante tarjetas magnéticas con divisas como MasterCard y AIS para acceder a los artículos en los 13 establecimientos habilitados –en una primera etapa– sólo en La Habana y Santiago de Cuba.
Para el ciudadano común será fácil hacerse una tarjeta, lo complejo resultará depositar dinero pues hasta el momento en el país los pagos se realizan en moneda nacional o pesos cubanos convertibles. De modo que si una persona no tiene familiares ni amigos en otras latitudes dispuestos a transferirle divisas a su cuenta le será engorroso hacer esas compras.
Hoy los bancos nacionales y las Casas de Cambio (CADECAs), operan con lo poco que receptan a diario mediante los turistas y nacionales que reciben remesas. Pare entender lo que está pasando, basta decir que ni siquiera los bancos financieros internacionales están realizando cambios a dólares en estos días.
Por ello, el Estado deberá crear nuevas estrategias para evitar una mayor propagación de prácticas ilegales en el mercado negro, que recircula constantemente la divisa y no la deja llegar a los bancos.
Otra de las dudas generadas por las nuevas medidas que buscan soslayar el mercado ilegal interno alojado en sitios on y off line como Revolico, Por la livre y Mercado Cubano, tiene que ver con la posible aparición de nuevas normas aduanales específicas para los cuentapropistas.
En la actualidad las leyes regulan la cantidad de artículos y su peso durante el proceso de importación, el cual no puede ser con carácter comercial, pues de lo contrario se decomisa. De modo que no queda claro si algún cuentapropista podrá adquirir cuantiosos bienes en el exterior y luego comercializarlos en el país a precios minoristas, o si se le permitirá traer productos hasta ahora prohibidos por la Aduana, dígase drones, autos, motos, etc.
En conversación con varios trabajadores privados capitalinos, se aprecia bastante incertidumbre sobre la eficacia del Estado para mantener abastecidos los puntos de venta y evitar el acaparamiento. Sobre este último aspecto, en lo adelante deberá repensarse su penalización, pues muchos privados lo hacen para mantener la estabilidad de sus negocios, por el que pagan un impuesto al gobierno.
Otras de las inseguridades se basan en la eficiencia de las empresas estatales durante la importación, dado que tradicionalmente estan arrastran problemas como el retraso, falta de profesionalidad de sus empleados, burocracia, maltrato y expoliación de los envíos.
Por lo pronto, los precios anunciados de algunos equipos resultan hasta cierto punto competitivos para los cuentapropistas (refrigerador de 13.6 pies cúbicos Daytron a 519 USD; Split Royal 361 USD, freezer Royal de 10.6 pies cúbicos 388 USD –según Cubadebate) pero inaccesibles tanto para el cubano medio, cuyo salario promedio mensual asciende a 42,68 USD, como para los pensionados, que en múltiples casos no rebasan los 12 USD.
Por tanto, las nuevas medidas traen consigo un aumento considerable de la brecha social existente hoy día, pues solo los poseedores de divisas podrán beneficiarse. Cabe preguntarse entonces cómo reformularán los dirigentes de la Isla sus próximos discursos de equidad social, en momentos que la única alternativa para recaudar divisas parecen favorecer a una minoría. Habrá que esperar…
