Jennifer Larrea es una joven autista de 22 años que no puede tener una vida normal porque las instituciones de Vivienda y la policía en su municipio, Habana del Este, le hacen la vida imposible a ella y su familia.
Antes de cumplir el año de vida, Jennifer fue diagnosticada con “tortícolis congénita” más una “asimetría cráneo-facial”. Estas enfermedades le deformaron ligeramente el rostro y la posición de la cabeza. Más adelante un neurocirujano del Hospital Naval, al Este de la capital, detectó “una lesión estática en el sistema nervioso central, con retraso mental severo”, agrega Cubanet.
No fue hasta que cumplió los 14 meses que comenzaron las convulsiones, lo que llevó a los médicos a diagnosticarle epilepsia. A partir de este momento, el desarrollo psicomotor comenzó a atrasarse y, con dos años y medio, Jennifer finalmente fue declarada con autismo severo.
Había cumplido diez años cuando la niña y sus otros dos hermanos menores terminaron en la calle junto con la madre. Aunque en la oficina correspondiente de Seguridad Social fue registrado el caso, y los funcionarios dieron cuenta al Gobierno municipal de Habana del Este, y hasta prometieron una solución, ninguna de las instancias volvió a pronunciarse sobre el asunto.
Abandonada a su suerte, Kety Méndez, su madre supo de la existencia de un apartamento que se encontraba cerrado porque sus antiguos dueños habían emigrado. Sin pensarlo demasiado, cansada de ver a sus hijos durmiendo a la intemperie y viviendo de la caridad de amigos y familiares, la madre de Jennifer decidió ocupar la vivienda de manera ilegal.
Entonces comenzó la batalla más difícil: si ponía un pie fuera del apartamento, vendría el desalojo. Para colmo de males, la policía impedía que Sandy, el esposo de Kety y padrastro de Jennifer, se acercara a la vivienda, ni siquiera para llevarles alimentos a la esposa e hijos.
“Estuve seis meses sin poder verlos”, nos cuenta Sandy. “La policía me tenía amenazado. Hasta que un día me llené de coraje, vine y hablé con el jefe de vigilancia del CDR y, para sorpresa mía, me dijo que no había problemas y comencé a vivir con ellos con el miedo de que en cualquier momento nos desalojaran a la fuerza”.
Han transcurrido quince años y la batalla por evitar el desalojo continúa. Las autoridades que pudieran remediar la situación de esta familia persisten en negarles la propiedad de la vivienda, a pesar de que no existe una reclamación por parte de quienes la abandonaron. Aunque Jennifer ha alcanzado la mayoría de edad, continúa requiriendo la atención especializada que le prometieran, pero que jamás recibió.
