Estados Unidos calificó este 12 de julio de “falsas” las acusaciones emitidas por altos funcionarios del gobierno de Cuba en cuanto a que Washington estuvo involucrado en las protestas del 11 de julio de 2021, informó Radio Martí.
“Son absolutamente falsas esas acusaciones. Lo que sucedió el 11 de julio sucedió porque el pueblo cubano está enormemente inconforme con la falta de derechos básicos, los abusos sistemáticos del gobierno, la falta de medicamentos, de comida, de libertades”, dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en una rueda de prensa telefónica por el primer aniversario de las protestas del 11J.
Nichols respondió a las declaraciones del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que en su cuenta en Twitter se refirió al “involucramiento directo” de Estados Unidos en las protestas.
“Estados Unidos no tuvo nada que ver, y ellos lo saben perfectamente”, remarcó el funcionario.
La víspera, cuando se cumplió un año de las manifestaciones, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró en un comunicado que Estados Unidos admira “la determinación” del pueblo cubano “frente a la opresión” y apoya “su lucha”.
“Los estadounidenses observaron con admiración el 11 de julio de 2021 cómo decenas de miles de ustedes salieron a las calles para alzar sus voces por los derechos humanos, las libertades fundamentales y una vida mejor (…). Es inaceptable que hoy, un año después de estas manifestaciones, más de 700 personas permanezcan tras las rejas”, expresó el alto funcionario en una nota de prensa emitida este lunes.
El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles durante la jornada de protestas antigubernamentales más importante en la historia del socialismo en la isla, según los expertos.
El régimen acalló la manifestación con violencia durante los días y meses siguientes. Como resultado, murió el joven Diubis Laurencio Tejeda en el barrio habanero La Güinera, uno de los más combativos de la capital.
ONGs como Cubalex y Justicia 11J —creada a partir de los sucesos del 11J— cuantifican en varios miles los arrestados tras la rebelión.
Como escarmiento, el gobierno de Miguel Díaz-Canel impulsó juicios por delitos como “sedición”, que han sido calificados de farsa por especialistas en derecho y defensores de derechos humanos.
