El juicio a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, y otros cinco manifestantes del 11 de julio, comenzó este 20 de enero en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de Las Lajas, informó Radio Martí.
Ambas fueron detenidas el 12 de julio y luego internadas en la Cárcel de Mujeres de Occidente, de El Guatao, en La Habana, bajo prisión provisional. Enfrentan peticiones fiscales de 10 (Angélica) y 15 años de cárcel (María Cristina) por los delitos de “atentado”, “desacato” y “desorden público”.
Según las conclusiones provisionales de Fiscalía, las hermanas Garrido convocaron a una marcha en su municipio, Quivicán, de la provincia Mayabeque, a la que se unieron varios pobladores, para gritar consignas contra la Revolución. Fiscalía pide para el resto de los acusados entre 7 y 18 años de cárcel.
María Cristina fue puesta en celda de castigo en diciembre junto a las prisioneras políticas Lizandra Góngora y Gloria María Pérez Valle por exigir que las autoridades enviaran sus cartas fuera de la cárcel a la familia.
Durante su detención el 12 de julio, María Cristina fue golpeada y estuvo horas sin sentarse en una celda en “La prisión del Sida”, un antiguo reclusorio para personas con esa enfermedad en San José de las Lajas, donde terminaron cientos de manifestantes del 11J de Artemisa y Mayabeque.
El caso de las hermanas alcanzó notoriedad internacional cuando el prestigioso diario estadounidense The Washington Post entrevistó a Valladares, quien contó que los testigos de la detención de ambas dijeron que las "mujeres fueron golpeadas por agentes de policía durante el arresto".
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la abogada Laritza Diversente dijo que durante los arrestos tras el levantamiento popular las comunidades más afectadas fueron las mujeres, niños, afrodescendientes e integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Al día de hoy, cientos de manifestantes continúan presos en Cuba. Entre ellos, más de 300 han recibido peticiones fiscales que llegan hasta los 30 años de cárcel en juicios que comenzaron en octubre, según información recopilada por la organización de asesoramiento legal Cubalex.
