Durante años el régimen totalitario de China ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y probablemente genocidio contra la población uigur y otros grupos étnicos y musulmanes que habitan la región de Xinjiang.
Los uigures, unos 12 millones, en su mayoría musulmanes, viven en Xinjiang, tienen su propio idioma, similar al turco, y se perciben a sí mismos como cultural y étnicamente cercanos a las naciones de Asia Central. Constituyen menos de la mitad de la población de Xinjiang, destaca BBC.
Human Rights Watch, UN Watch o Amnistía Internacional son algunas de las organizaciones de derechos humanos que han denunciado en sus informes la detención forzada de más de un millón de uigures en "campos de reeducación".
En las últimas décadas, China estaría tratando de diluir a esta población minoritaria. Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, han acusado a China de cometer genocidio, definido por la convención internacional como la "intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que China está cometiendo "genocidio y crímenes contra la humanidad" .
Adicionalmente, se ha denunciado que China intenta romper las tradiciones culturales del grupo y que somete a esta población a trabajos forzoso, las mujeres serían esterilizadas por la fuerza y los niños separados de sus familias, incluso hay ex detenidos que han afirmado haber sufrido torturas y crímenes sexuales.
China, por su parte, niega todas las acusaciones de abusos a los derechos humanos en Xinjiang y alega que su sistema de campos de "reeducación" se dedica a combatir el separatismo y la militancia islamista en la región.
El régimen defiende la represión en Xinjiang como necesaria para prevenir el terrorismo y erradicar el extremismo islamista y sostiene que los campos son una herramienta eficaz para reeducar a los reclusos en su lucha contra el terrorismo.
Según las autoridades, militantes uigures estarían librando una violenta campaña por un Estado independiente planeando bombardeos, sabotajes y disturbios cívicos, pero las organizaciones de derechos humanos acusan a China de exagerar la amenaza para justificar la represión de esta población.
En este contexto, desde el Congreso de los Estados Unidos, el senador Marco Rubio y el miembro del Congreso Christopher H. Smith, han dirigido una carta al presidente Biden manifestando su preocupación por informes que indican que miembros de la administración, incluido el Enviado Presidencial Especial para el Clima, John Kerry, están presionando contra la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA).
Según informes de Associated Press, los miembros de la administración trataron de influir en la consideración del Congreso, sobre la UFLPA, aprobada por unanimidad en el Senado el 14 de julio de 2021 y que está pendiente de ser aprobada en la Cámara de Representantes.
El reporte afirma que Kerry tuvo un "debate enérgico" con otros funcionarios de la administración sobre los méritos de presionar a Beijing sobre sus violaciones de derechos humanos antes de su viaje más reciente a la República de China, según destaca la comunicación.
Kerry incluso habría restado importancia a la cuestión de los derechos humanos, ¿desmarcándose de las declaraciones de Blinken?, cuando dijo en una entrevista que "la vida siempre está llena de decisiones difíciles".
Asimismo, Kerry ha dicho, meses atrás, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, que no discutió el uso de mano de obra esclava con el enviado climático de la República Popular China porque esa cuestión no hace parte de los temas de los cuales se ocupa. “Estas declaraciones son simplemente inaceptables por parte de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos”, indica la misiva.
Los firmantes dicen estar preocupados, con mayor razón cuando Kerry, supuestamente, planea visitar la República Popular China nuevamente en las próximas semanas para discutir el acuerdo de cambio climático con el régimen genocida de Beijing, dice el texto y pasa seguidamente a denunciar la detención de más de un millón de uigures, kazajos, kirguises, hui y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang.
La comunicación denuncia que estos grupos han sido detenidos arbitrariamente, puestos en campos extrajudiciales de internamiento masivo donde son sometidos a torturas, agresiones sexuales, abortos, esterilizaciones forzadas, adoctrinamiento político, trabajos forzados y otros delitos.
Precisa que esta administración y la anterior han determinado que los delitos del régimen chino constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por lo anterior, “Nos preocupa que el Sr. Kerry esté minimizando el genocidio”, afirma la carta.
La razón de Kerry para actuar de ese modo, según se extrae del texto, es que tiene la intención de importar a los Estados Unidos, con el fin de cumplir con los objetivos climáticos de la administración, paneles solares producidos con “trabajo forzoso” en la República Popular China.
Esta actitud, desde luego, contradice y desdice el discurso de la administración demócrata que dijo que los derechos humanos tendrían carácter central durante su gobierno.
Aparentemente, miembros de la administración, trabajarían para retrasar un proyecto de ley bipartidista que busca responsabilizar a China por sus crímenes.
Los firmantes recuerdan que Estados Unidos no debe sacrificar la acción de abordar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del régimen chino para evitar su irritación y obtener su confianza y los compromisos de Beijing de cara al cambio climático.
Por todo ello, republicanos y demócratas están unidos en el Congreso, exigiendo respuestas a la administración Biden. Quieren abordar la situación de crímenes y el genocidio en China e instan al gobierno Biden a priorizar los derechos humanos en su política con China. “La historia nos juzgará por cómo respondamos. Esperamos que se una a nosotros para apoyar a los oprimidos”, finaliza la carta.
