La permanencia en prisión del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, al igual que la de otros activistas, opositores y ciudadanos que salieron a las calles el pasado 11 de julio a reclamar cambios y libertades, es una muestra clara e inequívoca de la arbitrariedad imperante en el sistema judicial cubano.
El régimen le acusa al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) de “desorden público” sin prueba que sostenga tal cargo en un proceso justo e imparcial. Sin tomar en cuenta los problemas de salud del opositor, el régimen lo mantiene privado de la libertad y en total incomunicación, al punto de que a más de un mes después de su detención la familia desconoce su paradero exacto.
La esposa de Ferrer, Nelva Ismarays Ortega, relató este domingo los detalles del caso hasta el momento y las diligencias judiciales que ha emprendido para lograr la liberación de su esposo o de un probable cambio de medida cautelar.
Las evidencias y la propia documentación de la fiscalía favorecen su versión e interpretación de la arbitrariedad del arresto del también promotor de Cuba Decide, y presidente del Partido del Pueblo y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, sin embargo, la peticiones de Nelva Ismarays Ortega no han tenido respuesta.
La falta de fortuna en sus gestiones demuestra a su vez que el encierro de Ferrer no es más que un castigo político del régimen. Ante el estallido social del 11 de julio la estrategia de los órganos represores apunta al encarcelamiento permanente de los rostros más visibles de la disidencia y el activismo independiente, y al procesamiento por vías administrativas, multas y pequeñas sanciones de la gran mayoría de los cubanos que ese día tomaron las calles.
Según relató Ortega, Ferrer no llegó siquiera a uno de los puntos de manifestación en Santiago de Cuba. Producto del cerco policial permanente que limita su movilidad, no pudo salir de su casa hasta después de las 17:00 horas y apenas caminó unas cuadras fue detenido junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, que se encuentra en libertad.
La resolución del fiscal que ampara la prisión provisional de Ferrer, a la que tuvo acceso la familia debido a ser la misma que se aplicó en el caso del hijo, describe con fecha 17 de julio de 2021 hechos que “no narran ni califican delito alguno”.
“Como máximo expone que vociferaron palabras que calificaron como ‘obscenas’, en particular ‘Abajo Díaz-Canel’ y ‘Abajo el hambre’. Con desacierto legal y pésima técnica jurídica informa que mi esposo, José Daniel Ferrer, sufre medida cautelar de prisión provisional por estar acusado como autor del delito de desórdenes públicos en el Expediente de Fase Preparatoria No. 128 de 2021 que instruye el Órgano Provincial de Investigación Criminal de Santiago de Cuba”, detalló Ortega en su explicación.
Y añadió que “una lectura simple a la resolución del fiscal nos fuerza a concluir que se especula sobre hechos para construir un delito que no existe y que se obvia la verdad material de los sucesos para mantener preso bajo apariencia legal a mi esposo, José Daniel Ferrer, por el término de ley que la Seguridad del Estado estime pertinente”.
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Además de la insostenibilidad de la resolución del fiscal, Ortega expuso otros hechos demostrativos de injusticia y arbitrariedad como la negativa al recurso de habeas corpus que interpusiese en favor de su esposo, la desestimación de su apelación en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba y la falta de respuesta del Fiscal Jefe de la provincia al escrito de solicitud de modificación de medida cautelar bajo similar denuncia, argumentos y peticiones que presentara ante el Tribunal.
“Todo lo comentado viola la Ley de Procedimiento Penal de Cuba de forma flagrante, lo que conforma, junto con la detención y privación de libertad sin justificación, una palmaria violación del debido proceso y la defensa efectiva en todo el procedimiento hasta la fecha”, subrayó Ortega en su relato, compartido a través de las redes sociales.
Asimismo, dijo que, ante la evidente impunidad y discriminación de derechos por razones políticas, “no queda otra alternativa legal que presentar con inmediatez escrito de Queja Constitucional ante el Consejo de Estado de la República de Cuba” y, en paralelo, “acudir a las distintas sedes de justicia penal que tiene establecidas la ONU para reconocer y declarar actos violatorios flagrantes como los denunciados en este caso”.
“Las violaciones al debido proceso y la defensa efectiva, y toda legalidad nacional e internacional son palmarias, y nuestra inquietud por la integridad física de mi esposo, José Daniel Ferrer, ha llegado a cotas alarmantes. Tememos por su vida y pedimos, con base en los fehacientes hechos narrados, que medios de prensa y organismos pongan en marcha todos los procedimientos posibles para su protección”, convocó la esposa de Ferrer.
