La familia Claflin llegó a un acuerdo, el pasado 20 de mayo con la multinacional de la construcción LafargeHolcim, en una demanda que tiene como fin la compensación por el uso de una propiedad confiscada por la dictadura cubana en Cienfuegos.
Esta es la primera victoria de los demandantes amparados en el título III de la Ley Helms-Burton.
En octubre de 2020 comenzó el litigio cuando los Claflin, residentes en Boston, presentaron ante un tribunal de Florida la demanda de indemnización por daños y prejuicios que ascendía a 270 millones de dólares contra la multinacional LafargeHolcim.
Los Claflin eran propietarios de la hacienda azucarera Soledad en la localidad de El Guabairo en la provincia Cienfuegos. En 1960 el régimen de los barbudos nacionalizó los terrenos de la finca y allí se construyó la fábrica de Cemento Carlos Marx.
En la demanda se alega que la trasnacional, con sede suiza, LafargeHolcim, tiene una participación en la planta de cemento desde 2001, cuando operaba bajo el nombre de Holderbank.
Según Cuba Trade, el pacto alcanzado el 20 de mayo aún no establece cuál será el acuerdo concluyente entre las 20 partes demandantes y la empresa demandada.
“Aún está pendiente un acuerdo definitivo, según un expediente en el Distrito Sur de Florida. Las Demandantes buscaron el valor justo de mercado actual de la propiedad confiscada, que estimaron que valía $ 270 millones. Esa cantidad se triplicó según los términos de Helms-Burton, por daños totales de $ 810 millones, más los honorarios y costos razonables de abogados.
Alternativamente, las partes podrían triplicar la cantidad certificada en 1960, más intereses, para alcanzar un pago de $ 160.millones, más comisiones”, aclaró un artículo publicado por Cuba Trade.
El medio especializado en cuestiones de comercio entre ambas naciones añade que “es poco probable que la Administración Biden-Harris suspenda las demandas del Título III de la Ley Libertad”.
El Título III de la Ley Helms-Burton fue activado bajo la presidencia de Donald Trump en mayo de 2019. Fueron presentadas entonces más de 20 casos, algunos de los cuales, señala Cuba Trade, fueron desestimados el año pasado por varias razones, entre ellas que los demandantes heredaron los reclamos de parientes ya fallecidos “después de una fecha límite o porque no pudieron establecer jurisdicción”.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó casi 6 mil de estas por propiedades confiscadas en Cuba.
