Christel López Olivera es una paciente con insuficiencia renal crónica, víctima de negligencias médicas durante más de una década. Su vida aún permanece en riesgo por la mala praxis de algunos profesionales de la salud en Cuba.
Mala praxis médica por imprudencia
En agosto de 2009 López Olivera comenzó a realizarse filtrados artificiales de la sangre, cuyo término médico es hemodiálisis, en el hospital provincial de Camagüey Manuel Ascunce. Tres meses después de iniciadas las sesiones sufrió una co-infección de virus de hepatitis B y C debido a una mala manipulación del personal sanitario.
Los virus antes mencionados además de provocar hepatitis, se integran en el genoma de las células del hígado permaneciendo allí y aumentando la probabilidad de que el paciente desarrolle cáncer hepático. Este daño le provocó una cirrosis hepática; y Christel decidió mudarse para La Habana a atender su delicada salud.
Esta pésima experiencia hizo que no pudiera confiar con los ojos cerrados en la “potencia médica”, mucho menos en la actualidad, cuando la crisis del sistema de salud cubano se ha fortalecido gracias a la aparición del coronavirus.
El segundo daño a su salud lo sufrió en mayo del 2019 cuando contrajo Seudomona y otros patógenos debido a una mala manipulación del catéter temporal que llevaba en aquel momento.
“Fue muy malo aquel periodo pues tuve que ingresar y recibir muchos y fuertes antibióticos”, comenta. Ella atribuye esta infección al hecho de que los cestos de basura, colmados de desperdicios, estaban ubicados al lado de los sillones de los pacientes de hemodiálisis.
Lo descrito por esta paciente viola las normas de bioseguridad que deben imperar en los centros hospitalarios. A raíz de esto López Olivera presentó una carta en el Consejo de Estado denunciando la situación. Desde entonces comenzó a realizarse auto curas en su hogar y no asistir a ninguna entidad médica.
Rayos X “a granel”
El lunes 18 de enero de 2021 Christel fue acompañada por su esposo al Hospital Calixto García, en el Municipio Plaza de La Habana. Experimentaba desde hacía días falta de aire y cansancio. En dicho centro de salud le realizan un examen de rayos X de tórax y los médicos observan un área de alta densidad en el lado derecho. Inicialmente pensaron que era “un artefacto” del equipo y le realizaron un segundo rayos X de tórax donde se obtuvo el mismo resultado.
Ese mismo día López Olivera asistió al Instituto de Nacional de Nefrología para someterse a hemodiálisis. Al llegar le comenta a la doctora de guardia, Dra. Daneisy Santiesteban Miranda sus síntomas y le muestra las placas de los rayos X de tórax realizadas en la mañana en el Hospital Calixto García. Dicha doctora, desconfiando de la utilidad de esos dos rayos X, le indica realizarse una tercera radiografía inmediatamente luego de la hemodiálisis; sin considerar que la radiación ionizante daña el ADN y puede provocar cáncer.
En la tercera prueba se reproduce el mismo resultado de los dos anteriores y la doctora concluye que se trata de un derrame pleural en el pulmón derecho.
López Olivera no presentaba ni tos ni fiebre, ni secreciones y el pulmón izquierdo no mostraba ningún daño. Contrario a la lógica y sin respetar la autonomía del paciente, la doctora Daneisy le sugiere ingresar, pero como sospechosa de COVID-19 y en el Hospital Militar Luis Díaz Soto, más conocido como Hospital Naval.
A pesar del alto riesgo de morir por el nuevo virus por su condición de paciente inmunodeprimida y al riesgo de contagiarse en el hospital por casos positivos, la paciente y su esposo estuvieron esperando cuatro horas a la ambulancia que la debía trasladar desde las 8:30 de la noche hasta las 12:30 de la madrugada, sin comer ni bañarse.
Hambre y maltratos en el Hospital Naval
El trabajador del Hospital Naval que recibe las ambulancias le dice al chófer que transportaba a Christel que no debió trasladarla hacia allí porque el hospital estaba colapsado y no existían camas disponibles, le pide regresar con la paciente al Instituto de Nefrología.
Un médico de guardia nombrado Wilfredo se acerca y analiza la placa de tórax de Christel que le entrega el chófer de la ambulancia y opina que el diagnóstico más probable es derrame pleural, no COVID-19.
El médico critica a la doctora que indicó el ingreso; explicando que en el caso de una persona de riesgo lo ideal es enviarla para su área de salud donde deben hacerle un test PCR en tiempo real y esperar el resultado en su domicilio.
El galeno le ordena al chófer de la ambulancia regresar a la paciente al hospital emisor, pero este llama al puesto de mando del SIUM desde donde le piden dejar a la paciente en dicho hospital para que ingrese y le hagan la PCR, orden contraria a lo establecido por protocolo y que pone en riesgo la vida de López Olivera.
Por temor a contagiarse de COVID-19 Christel se resiste a entrar al centro hospitalario. Un policía y el mismo médico ya antes mencionado, le dijeron que “ya estaba embarcada” y que debía ingresar en el Hospital Naval; pero ella intenta escapar y sale caminando.
El policía la persiguió, la insultó y amenazó con aplicarle grandes multas y le bloqueó físicamente la salida del hospital. Christel estaba débil pues no había ni almorzado ni comido nada. A las 5 de la madrugada cedió a las presiones de médicos y policías, y fue ubicada en la sala de cuidados especiales.
Ya en cama dentro de la sala, Christel pidió algo para comer pues llevaba muchas horas sin ingerir alimentos, pero una doctora le dijo que debía esperar hasta las 9 de la mañana, horario del desayuno.
“Me mataron de hambre” contó. “A las nueve de la mañana me dieron un vasito de leche, solo eso, sin pan ni más nada, en el almuerzo me dieron un vasito de una cosa que le llaman fórmula que es medio líquido”.
Christel reclamó que no necesitaba dieta blanda. Sobre las 7:30 p.m. le dieron arroz, un pedazo pequeño de morcilla y un plátano, toda la comida pesimamente elaborada.
Durante una de las madrugadas allí la doctora de guardia le preguntó por qué no dormía y Christel dijo que por hambre. Entonces la médico le brindó un vaso de yogurt, disponible solo para trabajadores.
El infierno en la tierra
Fueron muchos los maltratos que sufrió en el Hospital Naval: no la dejaban ir a bañarse, tenía que hacer las necesidades en cuña a pesar de que estaba bien sin ningún problema para caminar, estuvo tres días sin dormir debido al hambre y por la tos de varios pacientes y los sonidos de los equipos que monitorean la salud, también la incomunicaron quitándole el teléfono. Una enfermera le sacó sangre arterial para hacer gasometrías en varias ocasiones y le dañaron la muñeca, otro ejemplo de mala praxis por falta de pericia.
“El miércoles a las 4 pm llegó el resultado del PCR que fue negativo y me montaron en una ambulancia para trasladarme del Hospital Naval para ingresarme en el Clínico Quirúrgico de 26 donde se localiza el Instituto de Nefrología. En el medio del trayecto, con la excusa de sentir ganas de vomitar le pedí al chófer que detuviera la marcha, momento que aproveché para escapar y regresar a casa”, explicó la paciente.
En los últimos días de hemodiálisis Christel y otros pacientes con su enfermedad han sido presionados a realizarse RT-PCR para diagnosticar COVID-19. Varios casos han resultado ser falsos positivos, siendo ingresados en el Hospital Naval hasta confirmar que no tienen el virus.
Christel rechazó realizarse un PCR en su sala de hemodiálisis y fue amenazada por varios trabajadores de la misma con no recibir el tratamiento si no se practicaba el test.
En otros países del mundo las malas prácticas y negligencias médicas son punibles judicialmente. En Cuba, denunciar una negligencia médica no solo es una gestión “estéril” y una pérdida de tiempo, sino que frecuentemente este asunto es convertido por el sistema sanitario en un problema político.
Mientras no ocurran en Cuba cambios profundos que le den personalidad jurídica a pacientes y familiares, y restructuren el sistema de salud, Christel y otros cubanos seguirán sufriendo daños a su salud por el mal actuar del personal sanitario.
