El lunes 31 de agosto el régimen en disputa de Nicolás Maduro indultó a 110 presos políticos. Entre los excarcelados se encuentra Antonia Turbay, una abogada de 67 años, cuyo único delito fue ser vecina del hoy comisionado de Seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó; y el médico traumatólogo, José Alberto Marulanda, a quién funcionarios militares se lo llevaron por mantener una relación sentimental con una oficial que, presuntamente, participaba en reuniones para generar un alzamiento.
Antonia Turbay fue detenida el pasado 27 de junio de 2019, pues según funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la mujer ayudó al comisario Iván Simonovis a escapar de su arresto domiciliario y con ello irse a los Estados Unidos. La prueba que indicó el gobierno, según los abogados de la detenida, es que Turbay, de nacionalidad española, aparece en una fotografía donde se observa un poste de luz caído hacia la vivienda del comisario Simonovis.
Después de ser detenida, la abogada fue llevada a la cárcel de El Helicoide, en Caracas. Un mes después, específicamente, el 26 de julio de 2019, Turbay recibió de parte del juez del Tribunal 36 de Control la boleta de excarcelación por considerar que cumplía los requisitos para obtener la libertad bajo fianza; sin embargo, funcionarios del Sebin no la liberaron. El 12 de agosto el juez ratificó la orden, pero los efectivos tampoco la admitieron.
Pese a que tenía una boleta de excarcelación no fue sino un año después que Turbay pudo conocer lo que es dormir fuera de una celda. Después del anuncio de los 110 indultados por régimen de Maduro, Turbay recibió la notificación que saldría. A su salida de El Helicoide la mujer dijo las siguientes palabras a la prensa: “Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque a lo mejor sí fui a protestar contra Maduro porque algo no me gustó. Pero que haya estado injustamente, por algo en lo que no tenía nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis”, dijo la víctima de detención arbitraria.
Un traumatólogo también estuvo encerrado sin motivos
Un caso similar al de Antonia Turbay es el del médico con especialidad en traumatología, José Alberto Marulanda, quien fue detenido por tener una relación con una oficial de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela que, presuntamente, participó en reuniones para ejecutar un alzamiento militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado 20 de mayo de 2018 -día de las elecciones ganadas por Maduro y que fueron señaladas por la comunidad internacional de ilegales-, el médico venezolano fue detenido. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo arrestaron y lo trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en Boleíta, Caracas; días después lo llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde, en estado Miranda.
Marulanda fue imputado por un juez militar quien lo señaló de cometer los delitos de instigación al odio y traición a la patria. El hombre, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela y laboraba en el área de traumatología en el Hospital Universitario de Caracas en el área de traumatología, pasó dos años en prisión en los que fue víctima de tratos crueles, según denuncias de Foro Penal.
El traumatólogo, quien no cometió ningún delito y fue arrestado como ficha de canje para extorsionar a quien era su pareja, pasó dos años en una celda hasta que este 1° de septiembre fue excarcelado y logró reunirse con sus dos hijas.
Las detenciones arbitrarias de Maduro recuerdan a la primavera negra de Cuba
A Cuba y Venezuela no solo los une las precarias condiciones económicas, el atraso, y la desigualdad con la clase gobernante sino las detenciones arbitrarias. Estos 110 indultos y excarcelaciones de venezolanos por pensar diferente recuerdan a lo que se conoce en Cuba como la “Primavera Negra”.
El 18 de marzo de 2003, 75 reporteros independientes fueron detenidos, procesados y condenados por defender la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia. Los imputados fueron acusados por el régimen de Fidel Castro de realizar actos contra la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba; y actos contra la independencia y la estabilidad territorial de la Isla.
Luego de siete años, en 2010, los 75 detenidos de forma arbitraria lograron ser excarcelados tras negociaciones entre la iglesia católica y el gobierno de España con el régimen de Raúl Castro