El pasado 6 de agosto, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feitó, anunció en la Mesa Redonda que se eliminará el listado detallado de actividades por cuenta propia que hoy permite realizar el Estado cubano.
La titular no precisó cómo ni cuándo. Solo dijo que el alcance de la actividad la debe poner quien presenta el proyecto de trabajo. Como limitantes señaló que estos debían ser de carácter lícito, al igual que la procedencia de las materias primas que empleen.
Se supone que la actual lista con 123 actividades permitidas se sustituya por otra que defina cuáles no pueden realizarse, siendo lícito todo aquello que no quede explícitamente prohibido. No obstante, es probable que la aprobación de cada proyecto tenga un alto grado de discrecionalidad.
Ante este panorama, varios se han preguntado —medio en broma, medio en serio— si al concretarse la medida será posible inscribirse de manera oficial como periodista independiente o registrar medios de comunicación como emprendimientos. Actualmente, en Cuba los medios ajenos al control estatal subsisten en condiciones de ilegalidad, son clasificados en su mayoría como proyectos subversivos y quienes allí trabajan no tienen ningún respaldo legal para el ejercicio de esa actividad.
La respuesta más evidente es no. El periodismo, en sus diferentes variantes, seguramente se encontrará entre las actividades excluidas del trabajo por cuenta propia. No solo porque el discurso político del gobierno cubano así lo hace ver; sino también porque como señaló la ministra, una de las limitantes para la aprobación de los proyectos será su carácter lícito. A diferencia de lo que sucede en la mayor parte del mundo, la Constitución cubana prohíbe la existencia de “medios fundamentales de comunicación social” bajo formas de propiedad distintas a la socialista de todo el pueblo (estatal) y de organizaciones de masas, políticas y sociales reconocidas por el Estado.
¿Pudiera haber alguna sorpresa? Es poco probable en estos momentos. No obstante, no pueden desconocerse algunos elementos y movimientos del actual panorama mediático cubano.
En primer lugar, no todos los medios de comunicación no oficiales trabajan en iguales condiciones ni sus periodistas sufren los mismos niveles de acoso y persecución. Sobre todo, emprendimientos mediáticos más cercanos al entretenimiento y la promoción de negocios, que por conveniencia u otras razones no asumen una posición que confronte de alguna manera al gobierno cubano, se mueven con un margen mayor de tolerancia.
Varios tienen colaboradores que laboran en la prensa oficial, empresas con registro en la Cámara de Comercio de Cuba se publicitan en sus páginas, sus periodistas participan en paneles organizados por instituciones estatales. Incluso algunos de estos medios han sido patrocinadores de eventos oficiales, como es el caso de la revista Vistar con la Muestra Joven del ICAIC, o la revista Garbos que estuvo incluida en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
O sea, que no toda la prensa independiente es incómoda al régimen. De hecho, en un contexto en que se anuncia una mayor apertura al sector privado —en el cual tienen intereses muchas personas relacionadas directamente con el gobierno cubano— este tipo de medios resultan funcionales en términos económicos y también de imagen.
Tampoco puede perderse de vista que la Política de Comunicación aprobada en el año 2018, aunque ratifica los principales rasgos del modelo soviético de prensa que caracterizan al sistema cubano, también incluye o desliza la posibilidad de varios experimentos.
Entre ellos se encuentra la contratación de formas de gestión no estatales para completar algunas producciones; la diversificación de las vías de ingresos para ciertos medios; así como la posibilidad de ordenar y ampliar de forma “dinámica, racional y controlada” la publicidad y el patrocinio en el país.
Estas medidas están planteadas de manera muy tímida y hasta la fecha algunas de ellas ni siquiera se han implementado. No obstante, muestran la disposición en un parte de la élite política cubana a ensayar transformaciones siguiendo algunas de las características del modelo mediático chino o vietnamita, que dinamiza las formas de financiamiento a la par que mantiene el control sobre las agendas y contenidos, en especial aquellos de corte más político.
También en el sector audiovisual se han realizado acciones para asimilar a formas de producción independiente. Con el Decreto-Ley 373 de 2019 se reconocieron legalmente las figuras del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente y los Colectivos de Creación Audiovisual y Cinematográficos, pero en ambos casos, dicho reconocimiento está sujeto al visto bueno de instituciones estatales que trabajan con criterios discrecionales y funcionan como mecanismos de control.
De manera tal que la próxima actualización de las actividades por cuenta propia admitidas por el gobierno cubano pudiera dar lugar —si este así lo quisiera— a que algunos de estos emprendimientos mediáticos no oficiales sean legalizados.
El impedimento legal que constituye el artículo 55 de la Constitución pudiera salvarse alegando que no constituyen “medios fundamentales de comunicación social”, categoría que no se encuentra definida en ningún lugar.
La combinación de no politización y conexión con el mercado, unido a la imagen del país ante el mundo en medio de situación muy complicada como la actual, pudiera ser la clave para que algunos de estos medios dedicados a información periodística cultural, el entretenimiento y la promoción de negocios sean legalizados. Mientras, se sigue negando este derecho a otros con contenidos más cercanos a lo político y social, aduciendo argumentos relacionados con la seguridad nacional, por ejemplo, o apelando a las cuestiones ideológicas que tradicionalmente han empleado para satanizar al segmento del periodismo independiente que no renuncia a confrontar al poder, en cumplimiento con una de las funciones sociales que se espera de esta profesión.
La ruta a seguir podría ser la misma que han ensayado con los cineastas: subordinar el reconocimiento a comités de selección o registros que excluyan bajo criterios discrecionales a aquellos medios que no resulten convenientes; una práctica utilizada en otros países para restringir la libertad de expresión.
Habrá que estar muy atentos a cuando se presente en detalle este nuevo reordenamiento del trabajo por cuenta propia y también a la manera en que casos puntuales de emprendimientos mediáticos o relacionados con la producción mediática sean aprobados o rechazados.
Si el gobierno cubano permitiera el reconocimiento legal —restringido y condicionado— solo de medios de comunicación con estas orientaciones editoriales, sería una evidencia importante de posibles desplazamientos hacia un modelo autoritario que busque perpetuar el poder acumulado por una clase política, consciente de que el orden tradicional se le vuelve insostenible en las actuales condiciones. Ello supondría nuevos retos para la sociedad civil en su conjunto y también para esa otra parte del gremio periodístico independiente a la cual se le continúe negando su derecho a existir de manera legítima.
