El periodismo, si se hace bien, es un trabajo difícil en cualquier lugar del mundo. Cada país tiene sus propias complejidades, en uno más, en otros menos. Pero en ningún lado está libre de presiones una profesión que entre sus objetivos persigue publicar lo que alguien no quiere que se sepa.
En Cuba, el principal problema que enfrenta el periodismo oficial (el independiente es otra historia muy distinta) radica en que todos los medios de prensa están subordinados a quien deberían vigilar: el poder político. Bajo esa condición estructural no hay temática que escape a los dictámenes de la censura en un país altamente centralizado y vertical. Periodismo cultural, deportivo, científico, todos en algún momento chocan con la pared de funcionarios e instituciones intocables, temas que no pueden abordarse o enfoques que deben ser suprimidos por motivos políticos.
Algunos piensan que el periodismo internacional es quizá la zona más cómoda, puesto que tiene la posibilidad —y la orientación— de criticar sin muchos riesgos las violaciones y problemas que existen en la mayor parte del planeta, excepto en los países aliados, que no suman muchos.
Sin embargo, además de las imposiciones y censuras de directivos y funcionarios, los periodistas de temas internacionales enfrentan también los señalamientos del público cuando aquello que se critica en el resto del mundo se aplaude o silencia si ocurre en Cuba.
Aunque el área de experticia del sujeto individual sea la realidad foránea, este forma parte de una institución mediática que el público percibe como un todo y que tiene la función social de informar, de manera prioritaria, sobre su propio país.
En una Cuba llena de problemas y con un sistema mediático caracterizado por narrar “el paraíso en que vivimos y el infierno que nos rodea”, la frase bíblica sobre mirar la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio adquiere una especial significación.
Básicamente esto fue lo que ocurrió con el famoso reporte de Irma Shelton sobre la escasez de alimentos en Estados Unidos y España, el cual levantó una ola de críticas y hasta un challenge viral en las redes. Por un lado, la reacción provocada por la falta de contexto al abordar el tema. Por otro, la indignación de quienes pernoctan en una cola para intentar comprar pollo, mientras ese mismo noticiero no critica esta situación que los agobia o los acusa de irresponsables.
Este miércoles, en la edición vespertina del noticiero de televisión, Shelton tropezó otra vez con la misma piedra en un análisis sobre la situación del coronavirus en tres países de América. La periodista utilizó el reporte de una televisora que cuestionó al gobierno boliviano por aprobar un decreto que sancionaba a quienes incumplieran la cuarentena o difundieran información contra dicha medida. Según la nota, esta norma legal fue criticada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por contravenir la libertad de expresión.
Sin embargo, Shelton no informó que esas disposiciones fueron derogadas hace una semana por el propio gobierno, atendiendo precisamente a las recomendaciones e inquietudes formuladas por estas instituciones sobre el respeto a los derechos elementales. Una omisión muy cuestionable, tanto si es intencional o producto de un desliz.
No obstante, aun cuando el decreto no hubiera sido eliminado, esta crítica publicada en un medio estatal cubano tiene un problema de coherencia. La prensa oficial, cuyo discurso se alinea y subordina al del gobierno cubano, cuestiona este tipo de normas en otros países mientras guarda silencio ante el Decreto Ley 370 o peor, justifica su existencia y aplicación. Una norma jurídica que ni siquiera tiene que ver con situaciones de emergencia y que se emplea para suprimir el disenso político y la libertad de expresión imponiendo sanciones de casi 8 veces el salario mínimo de Cuba por realizar publicaciones en redes sociales.
El reporte apela además a la autoridad de organizaciones como Human Rights Watch y la CIDH para validar el cuestionamiento a la medida del ejecutivo boliviano. Sin embargo, cuando estos organismos sistemáticamente denuncian las violaciones de derechos existentes en Cuba, los medios oficiales y el gobierno cuestionan su legitimidad acusándolos de “instrumentos del imperio” y demás etiquetas que conocemos de sobra.
Este tipo de incoherencias no son cuestiones episódicas, ni responsabilidad solamente de los periodistas, aun cuando el sentido común y la ética indiquen que hay límites que no deberían traspasarse. En realidad, son reflejo de una condición estructural, efectos indeseados que se producen en un sistema mediático centralizado, no plural y subordinado a un gobierno con un doble discurso sobre libertades y derechos humanos.
Así ha sido la prensa oficial cubana en las últimas seis décadas y así será mientras la esencia de los sistemas mediático y político del país continúe intacta. No puede ser de otra manera.
