Cuando el Estado es también el femicida: el caso de Cuba

María Emilia Savigne Borjas no se imaginaba que el 23 de mayo de 2024 sería su último día de vida. ¿Quién puede saberlo? La mujer de apenas 38 años y madre de tres fue atacada por su expareja en las calles de Santiago de Cuba. Según el reporte del periodista Yosmany Mayeta, falleció el día siguiente en el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany, de la ciudad, como consecuencia de la fatal agresión.

Fue agredida en el cuello, con alevosía, frente a su hijo pequeño y su pareja. Pero el femicida no es el único responsable de su muerte; también lo fue el Estado cubano. La mujer, apunta Mayeta, había denunciado a su agresor con anterioridad ante las autoridades, las cuales no tomaron acciones efectivas para impedir este hecho.

Estas historias se han repetido con el paso de los años en la isla. 

Roxana Donatien Celian, de 21 años, fue asesinada por su pareja el 2 de julio de 2025 en la vivienda de ambos en Juruquey, Camagüey. El patrón de agresión contra Donatien Celian ya había sido alertado previamente e incluso pesaba una orden de alejamiento contra el feminicida.

“La familia sabía que el sujeto podía ser agresivo con ella”. Ese día, la pareja discutió porque él “le había revisado el teléfono y había encontrado una supuesta infidelidad”, y recordaron que “unos días antes ella había ido a la estación de policías y le habían puesto una orden de alejamiento”, informaron fuentes al Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

La joven fue reportada durante varios días como desaparecida hasta que finalmente el asesino fue detenido por las autoridades y confesó dónde se encontraba el cuerpo.

En el último feminicidio documentado de 2025, ocurrido el 31 de diciembre, la víctima, Yuleidis (Yule) Sánchez Rodríguez, de 43 años, ya había denunciado antes a su agresor, además de que este tenía antecedentes de violencia machista.

Los feminicidios no se detienen en Cuba. Un país, ahora mismo, sumido en una de sus peores crisis a nivel político, económico y social que, al mismo tiempo, sigue perdiendo personas por la violencia de género. Un Estado que no es capaz de proteger a nadie.

En lo que va de 2026, las plataformas han documentado seis feminicidios, dos intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género. Además, investigan tres intentos de feminicidio reportados este año.

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Entre 2019 y 2025 al menos 66 mujeres víctimas de feminicidio habían denunciado previamente a su agresor. Finalmente fueron asesinadas, sin que el Estado pudiera protegerlas. En ese mismo período, 417 fueron asesinadas por motivos de género en la isla, según el subregistro de las organizaciones independientes Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). Las cifras podrían ser mayores, debido a la falta de datos oficiales y acceso a la información por parte del régimen cubano.

YSTCC indica a ADN Cuba que hasta la fecha, el Estado cubano no reconoce este delito en la legislación, por lo tanto, no tiene acciones establecidas para su prevención ni la reparación adecuada de las víctimas mortales, así como sobrevivientes de los feminicidios.

“No existen protocolos específicos ni refugios para las mujeres y sus hijes con riesgo para la vida por violencia feminicida. Estas mujeres se ven obligadas a convivir con sus agresores y en la mayoría de los casos tienen miedo de formular denuncias y solicitar ayuda. Tampoco se han incorporado sistemas efectivos de órdenes de alejamiento ni de tobilleras digitales para la protección de las víctimas. Al no existir refugios, este apoyo, cuando se logra, es por parte de familias que también se ponen en riesgo ya que no tienen la capacidad para protegerse de un agresor. Sobre todo en 2025, se hace cada vez más frecuente que las mujeres denuncien a su agresor y aun así pierden la vida”, refirió la plataforma a esta revista.

En los casos que han documentado donde las víctimas habían denunciado previamente a su agresor, las autoridades tomaron la denuncia pero no procedieron a realizar ninguna acción preventiva o no se hicieron efectivas las órdenes de alejamiento. 

Aunque los estándares internacionales enfatizan en que no se pueden retirar las denuncias por violencia de género, debido al riesgo que ello implica para las personas en peligro, aún en Cuba esto es permitido.

Al respecto, la Convención de Belém do Pará expresa que el Estado no puede supeditar la investigación penal a la iniciativa o persistencia de la víctima.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) agrega que los Estados deben asegurar que la retirada de la denuncia no impida la investigación ni el enjuiciamiento.

Estas normas internacionales son violadas e ignoradas de forma sistemática por el régimen cubano.

La directora Ejecutiva de la organización Cubalex, abogada Laritza Diversent, igualmente considera que sí existe responsabilidad del Estado. Aunque hay un ejecutor directo, la responsabilidad estatal se ubica en la debida diligencia.

“Si una mujer denuncia es obligación del Estado iniciar una investigación y aplicar todas las medidas previstas en la ley de procedimiento penal. Existen herramientas como órdenes de alejamiento, detenciones preventivas u otras medidas de protección frente a amenazas. El problema es que, en la práctica, las autoridades muchas veces no las conocen o no las aplican. Y para hacerlo, además, se requiere capacitación en materia de género, algo de lo que carecen la policía, la fiscalía y los tribunales”, expresó la jurista.

Feminicidios ocurridos en instituciones estatales

Según el subregistro del OGAT y YSTCC, entre 2019 y 2025, al menos diez mujeres fueron asesinadas en instituciones estatales. Sus muertes llegaron en hospitales, estaciones policiales, escuelas, un círculo infantil y centros de trabajo de las víctimas.

Leidy Bacallao Santana era una adolescente de solo 17 años cuando su vida fue arrebatada por la violencia feminicida en una estación policial de Camalote, Camagüey. Llegó a pedir auxilio y su agresor la alcanzó antes que la justicia. 

Su caso es tal vez uno de los símbolos más grandes de lo poco que importan las vidas de las mujeres para el régimen de la isla. La violencia y la muerte ante la ausencia del Estado. 

El 4 de febrero de 2023, Bacallao Santana corrió para llegar a la estación policial de Camalote, poblado del municipio Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Huía por amenazas de muerte de su agresor, de 50 años, quien mantenía una relación impropia con la menor. Ella seguramente pensó que sería suficiente, que estaría a salvo en un lugar como ese. No lo fue.

Elesvan Hidalgo también corrió a la unidad policial y, una vez dentro, sacó a la adolescente y la ultimó a machetazos. Reportes indican que un policía allí presente disparó en la espalda a Hidalgo. No bastó para que Leidy viviera.

"Ella llegó pidiendo ayuda a la Policía porque ese hombre la iba a matar. La tuvieron dentro de la policía. El tipo se metió y la sacó y ya luego la macheteó. Después fue que ellos le dieron un tiro", reportó entonces el periodista José Luis Tan Estrada, en contacto con un familiar de la víctima.

Luego el Ministerio del Interior (Minint) del régimen expuso los hechos, como es habitual, tiempo después de denuncias independientes en redes sociales.

“Un individuo de 50 años de edad, de pésima conducta social y con múltiples antecedentes penales, ultimó con el empleo de armas blancas a su expareja de 17 años de edad, quien buscaba resguardo en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de la comunidad", mencionaron.

Durante el juicio, que se celebró en diciembre de 2023, salieron a la luz otros detalles del caso. “La niña estaba dentro de la unidad de la Policía. Los policías salieron huyendo y [el asesino] le dio la primera puñalada. Ella se metió dentro de la Policía… Hay unos instructores de Criminalística que dijeron que ella había batallado en toda la unidad de la Policía, intentando salvarse, huyendo”, declaró el padre, Antonio Bacallao.

“La dejaron matar, los policías la dejaron matar”, agregó.

Bacallao contó entonces sobre una posible cercanía del femicida con los agentes policiales. “Inclusive a la niña la dejaron muerta en el suelo. Auxiliaron al asesino [tras dispararle], lo metieron para adentro. Lo llevaron en una ambulancia y a la niña la recogieron los muchachos, los amiguitos de ella la montaron en una motorina y la llevaron muerta para el hospital”.

Hasta hoy, tres años después del crimen, ADN Cuba no pudo conocer el veredicto del juicio contra Elesvan Hidalgo. 

De acuerdo con Ileana Álvarez, directora del OGAT, cuando una mujer es asesinada dentro de una estación policial, en un hospital donde recibía atención por violencia previa o en su centro laboral, el análisis no puede limitarse a la responsabilidad penal individual del agresor, sino que las instituciones públicas tienen un deber reforzado de garantía. 

“Estos hechos obligan a revisar protocolos de seguridad, mecanismos de evaluación de riesgo y procedimientos de actuación ante antecedentes de violencia. La coexistencia de feminicidios en hogares, espacios públicos e instituciones estatales confirma que la violencia contra las mujeres y las niñas es transversal. No se restringe al espacio privado ni puede atribuirse exclusivamente a dinámicas individuales. Exige una respuesta institucional integral”, apuntó.

Para las plataformas feministas, “resulta contraproducente que no llegue la prevención y el abordaje de este problema a lugares tan básicos como instituciones de salud y escuelas, donde se reportan feminicidios. También que no se exija conocimiento al respecto al personal de seguridad de las instituciones estatales. Y el caso más crítico que se reporta es la muerte de Leydis Bacallao en la estación de policía donde pedía ayuda, un caso increíble y doloroso porque denuncia la inacción brutal del Estado cubano”.

Al respecto, la abogada Laritza Diversent añade que aunque el Estado no sea el ejecutor directo, fallaron las medidas de control y protección. “Además, ante una situación así, no basta investigar el feminicidio. Debe abrirse una investigación independiente para determinar qué funcionario incumplió sus deberes”.

Estos casos llevan años replicándose en otros centros estatales. En el 2025, ocurrieron al menos dos feminicidios de este tipo: Alianna  Laborde Díaz, atacada en la gasolinera estatal donde trabajaba en Holguín; e Iveth Aldana, asesinada en su trabajo en el centro comercial Tuxpan, en Bayamo.

Las demandas de las plataformas feministas

Para ambos observatorios, el Estado cubano es responsable de estos delitos porque no implementa medidas de protección real de las mujeres en riesgo.

Entre sus demandas, que ya suman años de activismo, destacan tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal; lograr una Ley Integral contra la Violencia de Género; refugios para las mujeres y sus hijos e hijas; y un sistema de atención integral. 

Al menos desde 2019, organizaciones independientes han solicitado continuamente que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) incluya una ley integral contra la violencia de género. Siete años después, esta sigue siendo una deuda con las mujeres cubanas.

“La necesidad de una ley específica sobre violencia de género ha comenzado a integrarse al debate desde 1999, fecha en que la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la Organización de Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, instó a aprobar una legislación especial para enfrentar la violencia en Cuba. A partir de ese momento y hasta el presente, activistas, juristas, investigadoras y académicas han referido la necesidad de una ley contra la violencia de género. A pesar del trabajo en este sentido, la violencia de género se reproduce y es notable”, señaló la petición de 2019.

Permitir el trabajo del activismo por los derechos de las mujeres para su empoderamiento y el cese de la represión contra los observatorios independientes también son demandas activas.

“La red de observadoras es perseguida y muchas familias y personas allegadas a los hechos se niegan a dar información al respecto debido a la fuerte represión de las libertades fundamentales en el país. Además, los apagones y el encarecimiento de internet en 2025 dificultan más el acceso a las fuentes de verificación. Los observatorios contamos con la categoría de “Se necesita acceso al informe de investigación”, ya que algunos casos requieren de mayor acceso a la información oficial para determinar si fueron o no feminicidios”, agregó YSTCC.

De acuerdo con la fuente, la represión ha escalado desde 2023, cuando lograron verificar un récord de 90 feminicidios en el país. 

“Fue visto por el régimen como un avance del trabajo independiente y fortaleza de la alianza con la ciudadanía”, añadieron.

Por su parte, Álvarez coincide en que es imprescindible avanzar hacia una Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, establecer una red nacional de refugios, implementar protocolos públicos y obligatorios de evaluación de riesgo tras denuncias, crear un registro oficial periódico y desagregado de feminicidios y reforzar los protocolos de seguridad en instituciones estatales, como el uso de pulseras electrónicas para evitar que el agresor viole las medidas de alejamiento de la víctima, así como dejar de criminalizar la labor de plataformas independientes.

“Cuando una mujer denuncia y no recibe protección efectiva, el sistema falló. Cuando una mujer es asesinada en una estación policial, en un hospital o en su centro laboral estatal, el sistema falló. Cuando no existen refugios, protocolos públicos de evaluación de riesgo ni registros oficiales transparentes, el sistema es insuficiente. Prevenir el feminicidio no requiere discursos. Requiere normas claras, instituciones que funcionen, cooperación real con la sociedad civil y garantías efectivas para que las mujeres puedan denunciar sin temor y salir a tiempo de situaciones de violencia”, concluyó.