La activista Amelia Calzadilla, líder del Partido Liberal Clásico Cubano, denunció que sus padres, adultos mayores, fueron citados para comparecer este próximo martes en la Cuarta Unidad de la Policía de La Habana y apuntó que eran perseguidos por la labor que ella realiza fuera del país.

Calzadilla explicó en un video en vivo en Facebook que su padre tiene 84 años, con inicio de demencia, mientras su madre, de 65, padece de arritmias, que incluso le impiden trabajar y le han negado la atención médica en la isla.

A pesar de lo anterior, este domingo, un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil y un policía se personaron en la vivienda de ambos en El Cerro y, sin identificarse, les entregaron dicha citación para una supuesta 'entrevista' a las 2:30 p.m. del martes.

"Van a interrogar a dos ancianos enfermos" para que intenten disuadir a la hija de que ponga fin a sus activismo y denuncias, indicó Calzadilla.

La opositora denunció a la dictadura cubana de lo que pueda ocurrirle a sus padres. "Esto forma parte de un grupo de amenazas donde me han dicho incluso que van a ir a asesinar a mis padres", agregó.

Por último, Calzadilla confirmó que ella no detendría su activismo por estos actos de hostigamiento y lo habló con sus familiares.

Amelia Calzadilla se exilió en 2023 luego de meses de hostigamiento en su contra a manos del régimen, por sus denuncias y críticas en redes sociales.

"Habían hecho mi vida imposible dentro del país", expresó.

En los meses previos a su salida de la isla, la opositora sufrió represión constante: citaciones, amenazas, un expediente con una causa penal y una detención de su esposo.

El uso de familiares como mecanismo de presión contra activistas, periodistas independientes, opositores y defensores de derechos humanos constituye una de las prácticas represivas más recurrentes del régimen cubano. 

Cuando las autoridades no logran silenciar directamente a una persona mediante detenciones, amenazas o procesos penales, trasladan el hostigamiento a su círculo más cercano, especialmente a padres, hijos, parejas o hermanos, con el objetivo de provocar culpa, miedo y desgaste emocional.

Esta estrategia busca colocar a los activistas ante un dilema permanente: continuar con su labor pública o proteger a sus seres queridos de posibles represalias. Las citaciones, interrogatorios, vigilancias, amenazas y actos de intimidación contra familiares no responden a investigaciones legítimas, sino a un patrón de castigo indirecto destinado a quebrar la voluntad de quienes denuncian las violaciones de derechos humanos o mantienen una postura crítica frente al régimen.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas prácticas pueden constituir actos de intimidación y de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el punto de vista del derecho internacional, en la medida en que buscan infligir un intenso sufrimiento psicológico mediante amenazas y represalias contra terceros. Lejos de ser hechos aislados, forman parte de un patrón de represión diseñado para aislar a los activistas, aumentar el costo personal de su labor y desalentar cualquier forma de disidencia dentro y fuera de Cuba.