La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación del periodista independiente cubano Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización, quien permanece encarcelado en la isla desde septiembre.

La exigencia quedó recogida en una resolución aprobada durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, celebrada del 22 al 25 de octubre en Bogotá, Colombia. El documento condena el hostigamiento, la vigilancia, las detenciones y los procesos penales contra periodistas independientes, creadores de contenido y ciudadanos por ejercer su derecho a informar y expresarse.

La organización también reclamó que se respeten las garantías judiciales de Constantín y el derecho de su defensa, después de que un tribunal rechazara un recurso de habeas corpus presentado en su favor.

El periodista permanece recluido en la prisión Kilo 7, en Camagüey, acusado de desobediencia. Según denuncias recientes, se encuentra en una celda de castigo y teme nuevas represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

Las autoridades pretenden mantenerlo en ese régimen tras alegar que encontraron un cuchillo de fabricación carcelaria entre sus pertenencias. Constantín sospecha que el objeto fue colocado allí para incriminarlo y justificar nuevas medidas contra él.

El comunicador relató que, durante una requisa en su celda, los oficiales se dirigieron directamente al lugar donde supuestamente estaba escondida el arma blanca. También dijo haber conocido una conversación sostenida el día anterior entre un agente de la Seguridad del Estado identificado como Frank y otro recluso, Nelson, que ocupa la litera inferior de su espacio.

Estas circunstancias alimentan las sospechas del periodista sobre un posible montaje en su contra.

En su resolución, la SIP advirtió que el encarcelamiento preventivo de Constantín reviste especial gravedad por tratarse de un periodista independiente que, además, ocupa un cargo de representación regional dentro de la propia organización.

El documento también denuncia las restricciones que enfrentan los periodistas cubanos para salir del país y la ausencia de reconocimiento legal de los medios independientes, mientras el Estado mantiene el control de los principales medios de comunicación, las telecomunicaciones y otras actividades esenciales para producir y difundir información.

La SIP alertó, además, sobre el impacto del Decreto 160/2026, que, según la organización, refuerza el control estatal al limitar la formalización de medios independientes y mantener bajo supervisión estatal actividades relacionadas con el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias y la radiodifusión. A ello se suman los apagones y las deficiencias de conectividad que dificultan el trabajo informativo en la isla.

La resolución reclama el cese de las restricciones arbitrarias de movimiento y de las prohibiciones de salida del país impuestas a periodistas por razones vinculadas con su actividad profesional u opiniones. También insta a las autoridades a garantizar el reconocimiento y funcionamiento de los medios independientes, eliminar las normas y prácticas que restringen la libertad de prensa e investigar y sancionar a los responsables de actos de hostigamiento y represión.

La organización recordó los principios de la Declaración de Chapultepec, que establece que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y que ese derecho “no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

La SIP reafirmó, asimismo, su compromiso y solidaridad con los periodistas y medios independientes cubanos y con el derecho de la sociedad a recibir y difundir información libremente.

La exigencia de la organización se suma a los pronunciamientos de otras entidades internacionales que han reclamado la liberación de Constantín y denunciado la persecución contra la prensa independiente en Cuba, entre ellas Reporteros Sin Fronteras y Defensa CD.

El caso del director de La Hora de Cuba se produce en un contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en la isla, donde los periodistas independientes se enfrentan a vigilancia, interrogatorios, citaciones policiales y otras medidas por informar sobre asuntos de interés público.