Más de un año después de las protestas populares ocurridas en Bayamo, provincia de Granma, contra los prolongados apagones y la falta de servicios básicos, la Fiscalía municipal presentó peticiones de hasta cinco años de prisión contra nueve ciudadanos que participaron en las manifestaciones del 23 de mayo de 2025.
Según un reporte publicado este fin de semana por Martí Noticias, las conclusiones provisionales de la Fiscalía marcan el cierre de la etapa investigativa y dan paso a la solicitud de apertura de juicio oral contra los nueve procesados.
Los manifestantes enfrentan acusaciones por los presuntos delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia, de marcado carácter político.
Durante las protestas, los ciudadanos corearon consignas como «queremos comida, corriente y agua», en reclamo por las difíciles condiciones de vida que enfrentaban.
La acusación también sostiene que durante la manifestación se pronunciaron expresiones ofensivas contra el dictador Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes históricos.
Entre los procesados, Pedro Luis Zamora Isac enfrenta la petición fiscal más elevada: cinco años de privación de libertad por el delito de desórdenes públicos. Para Alexander Guzmán Silva solicitan cuatro años de cárcel por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, mientras que contra Ever Ernesto Pérez Aliaga piden tres años por desacato y desórdenes públicos.
Los otros seis acusados son Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera, quienes también enfrentan cargos relacionados con resistencia e instigación a delinquir.
Rosa Escalante, madre de Arael Rodríguez Escalante, cuestionó las sanciones solicitadas por el Ministerio Público y aseguró que los procesados están siendo castigados por reclamar derechos básicos.
"Les están pidiendo años por exigirle al gobierno derechos básicos como el acceso al agua, alimentos y la electricidad", declaró.
La protesta del 23 de mayo de 2025 se concentró en el reparto Rosa la Bayamesa, donde los vecinos llevaban alrededor de 36 horas sin electricidad. La manifestación se produjo en medio del descontento por los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos y agua.
Durante la concentración, funcionarios del Partido Comunista y oficiales del Ministerio del Interior (MININT) intentaron aplacar a la multitud, pero los reclamos continuaron. Entre las expresiones que se escucharon estuvo «no queremos muela», en rechazo a las explicaciones de las autoridades.
Las manifestaciones no se limitaron a Rosa la Bayamesa. Durante ese mismo mes también se registraron protestas en otras localidades de Bayamo, entre ellas Jabaquito y La 20 de Siboney.
Reportes difundidos en redes sociales denunciaron la llegada de patrullas policiales y acciones represivas contra los participantes.
Las peticiones fiscales conocidas ahora vuelven a poner sobre la mesa la respuesta del régimen ante las manifestaciones espontáneas provocadas por la crisis energética y las precarias condiciones de vida. En lugar de atender las demandas de los vecinos, nueve ciudadanos se enfrentan ahora a solicitudes de varios años de prisión por su participación en aquellas protestas.