El régimen cubano registró al menos 344 acciones represivas durante septiembre de 2026, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), difundido este martes.

De acuerdo con la organización, 17 de esos casos correspondieron a detenciones arbitrarias, mientras que los restantes 327 fueron otros abusos, entre ellos vigilancia, amenazas, citaciones policiales, multas y denuncias relacionadas con las condiciones de los presos políticos y sus familiares.

Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, declaró este martes a ADN Cuba que el régimen cubano "es incapaz de resolver los problemas que más afectan a la población".

Entre los abusos más frecuentes aparecen los 151 casos de personas sitiadas o vigiladas en sus viviendas, una práctica utilizada de manera reiterada por la Seguridad del Estado para impedir que opositores, activistas y periodistas participen en actividades públicas.

El informe también recoge 53 denuncias realizadas por presos políticos, presos comunes y sus familiares, relacionadas con diferentes formas de hostigamiento y vulneraciones de derechos.

“El régimen, en medio de su impopularidad, quiere imponer la ley del silencio y lamentablemente creemos que puede ir a peor en las próximas semanas y meses”, afirmó Cires.

Según Cires, cuando representantes del régimen aseguran que en eventuales negociaciones no discutirán “asuntos políticos internos”, esto significa que continuarán vigentes “tanto las leyes como las prácticas que permiten la represión contra el pueblo”.

Detenciones con golpes, amenazas y hostigamiento

Las 17 detenciones arbitrarias documentadas por el OCDH ocurrieron principalmente en La Habana, aunque también se registraron casos en Holguín, Camagüey y Matanzas.

Entre las personas detenidas hubo activistas, opositores, periodistas, una intelectual, una líder religiosa y ciudadanos sin una afiliación política conocida.

El OCDH documentó que varias de las detenciones estuvieron acompañadas de golpes, amenazas, vigilancia, decomiso de pertenencias e interrogatorios.

Entre los activistas afectados  aparecen Mario Alberto Hernández Leyva, Roberto Ponce Valdespino, Alejandra Alayón, Mario Víctor Liquí Rodríguez y Margarita Barceló Prohías.

Resaltaron el caso del periodista independiente Henry Constantin permanece detenido desde el 16 de septiembre y posteriormente fue sometido a prisión preventiva.

La profesora y escritora Alina Bárbara López Hernández también fue detenida después de salir de su vivienda para manifestarse pacíficamente y reclamar la libertad de los presos políticos.

El informe incluye además los casos de Lázaro Antonio Pérez González y José Antonio González, vinculados al Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), y del creador de contenido salvadoreño Óscar Sandoval, quien fue retenido e interrogado cuando se disponía a abandonar Cuba.

46 presos políticos sufrieron abusos

El OCDH documentó durante septiembre al menos 46 casos de abusos contra presos políticos.

Las denuncias incluyen falta o negación de atención médica, alimentación insuficiente o en mal estado, aislamiento, incomunicación, agresiones físicas, amenazas, represalias y restricciones de derechos penitenciarios.

Entre los casos señalados está el de Ángel Serrano Hernández, quien fue agredido por funcionarios penitenciarios, sometido a aislamiento y trasladado a un régimen de mayor severidad.

Yosvani García Rusindo denunció haber sido golpeado con bastones por un funcionario de la prisión Mar Verde, mientras que Roberto Pérez Fonseca fue agredido por otro recluso delante de los guardias y posteriormente enviado a una celda de castigo.

El informe también recoge varios casos relacionados con el deterioro de la salud de presos y las dificultades para acceder a atención médica. Entre ellos están Jorge Bello Domínguez, quien lleva más de un año esperando una cirugía; Ibrahim Domínguez Aguilar, con fuertes dolores durante semanas sin un diagnóstico conocido; Erich Alain Chang Padrón, con problemas de audición y visión y fiebre recurrente; y Yoan Arévalo, cuya madre denunció que presentaba vómitos y heces con sangre sin recibir atención médica adecuada.

151 personas sitiadas en sus viviendas

La vigilancia y los cercos policiales también ocuparon un lugar destacado en el informe.

Durante septiembre, el OCDH contabilizó 151 casos de personas sitiadas o sometidas a vigilancia en sus viviendas, especialmente durante fechas religiosas y jornadas relacionadas con actividades de la sociedad civil.

Se registraron operativos los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones de la Virgen de Regla y la Virgen de la Caridad del Cobre.

En esas fechas, Berta Soler, Ángel Moya y María Cristina Labrada denunciaron vigilancia y restricciones para salir de sus viviendas. El 24 de septiembre, día de la Virgen de las Mercedes, Soler volvió a denunciar un cerco para impedirle acudir a la iglesia.

Otro de los operativos destacados ocurrió el 18 de septiembre, cuando periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil denunciaron cercos policiales, vigilancia, prohibiciones de salir de sus viviendas y amenazas de detención para impedirles asistir a un encuentro denominado “Noches americanas”, organizado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Entre los afectados estuvieron Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Wilber Aguilar, José Elías González Agüero, Alejandro García Arias, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Laura María Labrada Pollán.

Camila Acosta volvió a denunciar vigilancia los días 28 y 30 de septiembre. En esta última fecha, Acosta y el escritor Ángel Santiesteban-Prats señalaron que se les prohibió salir de sus viviendas ante el juicio previsto para el 1 de octubre contra Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente.

Ocho condenas por “propaganda contra el orden constitucional”

El OCDH también documentó ocho sentencias contra presos políticos durante septiembre, todas en la provincia de Las Tunas y por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”.

Según la Sentencia No. 10 de 2026, dictada el 1 de septiembre por el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, Guillermo Carralero López fue condenado a ocho años de prisión.

Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso recibieron siete años de prisión cada uno.

El uso de esta figura penal ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos debido a su amplitud y a su utilización en procesos contra personas que expresan críticas al sistema político cubano.

El informe del OCDH también advierte sobre procesos que continúan abiertos contra miembros de la sociedad civil y creadores de contenido.

Eduardo “Eddy” Ceballos Pérez, responsable del canal satírico Despingovery Channel, fue detenido el 1 de junio en La Habana y permanece en prisión provisional en el Combinado del Este, acusado de presunto espionaje.

En septiembre cumplió 100 días encarcelado sin fecha de juicio. Su defensa solicitó una audiencia de control judicial y la modificación de la medida cautelar, pero ambas peticiones fueron rechazadas por un tribunal militar, según el OCDH.

Por otra parte, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto audiovisual independiente El 4tico, permanecen procesados por contenidos publicados en redes sociales después de ser detenidos el 6 de febrero en Holguín.

La Fiscalía Provincial de Holguín solicita 10 años de prisión para Zayas Pérez y ocho años para Medina por los presuntos delitos de “propaganda contra el orden constitucional”, “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires” e “instigación a delinquir”.

El 28 de septiembre, la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Holguín dispuso la apertura a juicio oral contra ambos.

Para el OCDH, el balance de septiembre refleja la continuidad de un aparato represivo dirigido contra activistas, periodistas, opositores, religiosos, creadores independientes y ciudadanos que ejercen derechos como la libertad de expresión, reunión y manifestación.