El régimen cubano ha intensificado en las últimas semanas la ofensiva contra los usuarios de Starlink en la isla, con registros policiales en viviendas, advertencias en reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y amenazas de decomiso y sanciones contra quienes posean equipos de conexión satelital.
La ofensiva comenzó a hacerse visible este martes 17 de noviembre, cuando la página de Facebook Fuerza Pueblo, vinculada al oficialismo, difundió información sobre un operativo policial en Placetas, provincia de Villa Clara, durante el cual fueron detectadas tres antenas Starlink en viviendas particulares.
Según esa publicación, la tenencia de estos dispositivos es ilegal, al igual que su entrada al país sin la autorización correspondiente.
La denuncia fue recogida también por medios independientes, que señalaron que el operativo representa un paso más en las acciones de las autoridades para identificar y retirar los equipos de internet satelital que funcionan en territorio cubano.
Un día antes, el diario independiente 14ymedio había informado sobre los preparativos de una ofensiva policial en La Habana. Según testimonios recogidos en el barrio de Los Sitios, durante una reunión de los CDR se comunicó que las autoridades estaban realizando un "levantamiento cuadra por cuadra de quién tiene Starlink".
Las advertencias se han extendido entre vecinos, compradores y vendedores de estos dispositivos. Ante el temor a registros domiciliarios, decomisos, multas y otras represalias, algunos propietarios han comenzado a retirar sus antenas, mientras otros consideran hacerlo temporalmente.
La preocupación no es infundada. El pasado 24 de octubre, 14ymedio informó sobre presuntas condenas de entre cuatro y cinco años de prisión contra varios ciudadanos de Santa Clara por comercializar antenas Starlink. Según una publicación de un perfil oficialista en Facebook, durante los registros en viviendas de vendedores y compradores fueron ocupados 37 equipos. Los compradores habrían recibido multas de 100.000 pesos cubanos y el decomiso de las antenas.
Sin embargo, hasta el momento no se han publicado las sentencias judiciales ni se han identificado oficialmente los tribunales o las personas condenadas, por lo que esos castigos no han podido ser verificados de manera independiente.
Prohibición y marco legal
La ofensiva contra Starlink tiene antecedentes en las regulaciones cubanas sobre telecomunicaciones. El Decreto-Ley 35, publicado en agosto de 2021, establece en su artículo 80 que la importación y comercialización de equipos y dispositivos de telecomunicaciones requiere, según corresponda, autorización técnica del Ministerio de Comunicaciones.
Posteriormente, la Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial el 21 de mayo de 2026, actualizó los requisitos para la importación de estos dispositivos. La disposición incluye entre los equipos sujetos a autorización técnica distintas estaciones y terminales de comunicaciones satelitales, además de sus antenas y accesorios, aunque establece una excepción para determinados terminales de órbita no geoestacionaria destinados a servicios públicos personales de telecomunicaciones.
La misma normativa establece que la autorización técnica de importación no sustituye los permisos de instalación y operación que puedan resultar exigibles.
A estas disposiciones se suma la comunicación oficial que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió el 9 de noviembre a las embajadas y organismos internacionales acreditados en Cuba, en la que recordó que no está autorizada la importación ni la utilización de terminales Starlink en territorio nacional.
La nota, a la que tuvo acceso 14ymedio, remite a una comunicación anterior, la Nota Verbal número 2372, del 6 de enero de 2025, y deja claro que la prohibición también alcanza a las representaciones diplomáticas extranjeras.
En cuanto a las posibles consecuencias penales, el artículo 295 del Código Penal cubano, correspondiente a la Ley 151/2022, establece penas de tres a ocho años de privación de libertad para quienes, sin autorización legal, dirijan, organicen, distribuyan, obtengan lucro o financien la difusión de señales satelitales u otros servicios públicos de telecomunicaciones. La misma sanción se contempla para quienes comercialicen o distribuyan los medios, equipos o tecnologías, o faciliten esas actividades.
El artículo no establece que la simple posesión de una antena Starlink implique automáticamente una condena de cárcel. No obstante, las restricciones administrativas sobre la importación y utilización de estos equipos, junto con la aplicación de otras figuras legales, pueden exponer a sus propietarios a decomisos, multas y procesos sancionadores.
Starlink, una alternativa al monopolio de ETECSA
Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía del empresario Elon Musk. Funciona mediante una constelación de satélites de órbita baja que permite proporcionar conexión a internet sin depender directamente de la infraestructura terrestre de las compañías tradicionales de telecomunicaciones.
En marzo de 2026, Musk confirmó públicamente que la tecnología funciona en Cuba, aunque aclaró que no puede comercializarse oficialmente en la isla. "Funciona en Cuba, simplemente no se puede vender allí", escribió el empresario en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que preguntaba por la disponibilidad del servicio.
Además, el pasado abril, una delegación estadounidense que viajó a La Habana propuso al régimen permitir la llegada de internet mediante Starlink, con el objetivo de ofrecer una conexión gratuita, rápida y confiable en toda la isla. La iniciativa fue confirmada por un alto funcionario del Departamento de Estado a la agencia EFE el 21 de abril, después de una reunión celebrada el día 10 de ese mes.
Hasta el momento, no se ha confirmado que Elon Musk haya realizado personalmente una oferta de servicio gratuito a Cuba ni que SpaceX haya anunciado un programa oficial de conexión gratuita para los ciudadanos de la isla. La propuesta de abril fue planteada por representantes del Gobierno estadounidense a las autoridades cubanas.
Mientras tanto, algunos cubanos han conseguido utilizar el servicio mediante equipos adquiridos en el extranjero y suscripciones contratadas fuera del país. La tecnología representa una alternativa frente a las deficiencias de ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, cuyos servicios se ven afectados por apagones, averías y problemas de infraestructura.
Precisamente, la posibilidad de acceder a una conexión independiente de las redes controladas por el Estado parece estar detrás de la creciente preocupación de las autoridades. Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones han presentado estos dispositivos como un supuesto riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, debido a que permiten establecer comunicaciones mediante infraestructura extranjera que escapa a la supervisión estatal.
Así, mientras los cubanos buscan alternativas para conectarse en medio de la crisis de las telecomunicaciones, el régimen amplía los mecanismos de vigilancia y persecución contra quienes intentan acceder a internet por una vía distinta a la controlada por ETECSA.