Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) exigieron al régimen cubano la implementación de reformas políticas y económicas, el establecimiento de una gobernanza democrática multipartidista y la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.

En una declaración publicada el miércoles 11 de noviembre, al término de una reunión de dos días en París, los representantes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá expresaron su preocupación por el deterioro económico y las necesidades humanitarias de la población cubana.

Los jefes de la diplomacia reclamaron a La Habana “importantes reformas políticas y económicas concretas”, especialmente aquellas dirigidas a democratizar el país y garantizar el respeto de los derechos humanos y las aspiraciones legítimas de los cubanos.

El documento también insta al régimen a adoptar “medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación”, derechos que continúan restringidos por el sistema político de partido único impuesto por el castrismo.

En materia de derechos humanos, los ministros pidieron la liberación de “todas las personas detenidas arbitrariamente”, una exigencia que cobra especial relevancia ante la persistencia de presos políticos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra activistas, periodistas independientes y opositores en la isla.

La declaración también reconoce la gravedad de la crisis económica y humanitaria cubana y subraya “la importancia de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria a través del país para contribuir al bienestar del pueblo cubano”. El documento menciona expresamente la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, pero no plantea medidas relacionadas con el aprovisionamiento desde el exterior, una cuestión controvertida por el embargo estadounidense.

Asimismo, los representantes del G7 hicieron un llamamiento a favor de “un diálogo constructivo e inclusivo para encontrar una salida a la crisis”, en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de vida, la falta de libertades y la ausencia de mecanismos democráticos que permitan a los ciudadanos decidir sobre el futuro de su país.

El G7 y la presión internacional sobre La Habana

La posición conjunta de los siete países supone un pronunciamiento relevante porque reúne a gobiernos con enfoques distintos sobre cómo relacionarse con La Habana, pero que coinciden en reclamar cambios políticos, respeto a las libertades fundamentales y atención a la situación humanitaria de los cubanos.

La declaración fue emitida bajo la presidencia francesa del G7, que coordinó la reunión celebrada en París los días 9 y 10 de noviembre. Entre los asuntos incluidos en la agenda estaban las crisis de Cuba, Venezuela y Haití, además de los conflictos internacionales. Francia había adelantado estas prioridades el 6 de noviembre en su presentación oficial de la reunión ministerial.

El documento resulta significativo por el lenguaje utilizado: no se limita a pedir mejoras económicas o asistencia humanitaria, sino que menciona expresamente la necesidad de avanzar hacia un sistema multipartidista, garantizar la libertad de prensa y liberar a los detenidos arbitrariamente. Se trata de demandas que apuntan directamente a las restricciones políticas impuestas por el régimen cubano.

El pronunciamiento también refleja las diferencias que existen dentro del propio G7 respecto a la relación bilateral con Cuba. Canadá, por ejemplo, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con La Habana desde 1945 y ha defendido históricamente el diálogo con La Habana. Sin embargo, también ha expresado preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en la isla y ha desarrollado programas de asistencia dirigidos a la población.

El Gobierno canadiense anunció en febrero y abril de 2026 nuevos fondos de asistencia humanitaria para Cuba. Desde febrero, Ottawa ha anunciado 13,5 millones de dólares destinados a seguridad alimentaria, nutrición, servicios esenciales de salud y ayuda alimentaria de emergencia. Según su balance oficial de las relaciones entre Canadá y Cuba, la asistencia se canaliza mediante organizaciones canadienses e internacionales con mecanismos de supervisión para evitar que los recursos sean desviados hacia el Gobierno cubano.

Además, el 11 de febrero de 2026, Canadá elevó su recomendación de viaje a Cuba a “evitar los viajes no esenciales”, debido al agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, incluidos alimentos, agua y medicamentos.

Por otra parte, la declaración de París coloca a Cuba expresamente entre las crisis internacionales que requieren atención de los principales gobiernos industrializados. 

El texto dedica también apartados a Venezuela y Haití, aunque la mayor parte del documento aborda conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio.

La declaración no establece medidas coercitivas ni anuncia nuevas sanciones contra La Habana. Sin embargo, representa un mensaje político conjunto que coloca sobre la mesa demandas concretas de democratización, libertades civiles y liberación de detenidos, en lugar de limitar la discusión sobre Cuba a su crisis económica o a la ayuda humanitaria.