¿Persecución política? Esto es lo que debe saber para entender las acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez enfrenta acusaciones formales por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, en un caso que se ha extendido por más de diez años y que ha estado plagado de irregularidades.

El proceso judicial, que inicialmente estuvo bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, fue transferido a la Fiscalía cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado y perdió su fuero. Desde entonces, el caso ha pasado por cinco fiscales, varios jueces, un magistrado de la sala de instrucción, y ha tenido dos solicitudes de preclusión antes de llegar a la etapa actual de juicio.

La jueza Sandra Liliana Heredia encontró motivos suficientes para que Uribe, quien ocupó la presidencia de Colombia entre 2002 y 2010, enfrente un juicio penal por las acusaciones mencionadas. Este es un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe que son aceptados por una magistrada en Bogotá, otorgándo la condición formal de acusado.

El proceso ha estado marcado por denuncias, indagatorias, interrogatorios, interceptaciones telefónicas accidentales, testigos y fiscales cuestionados, así como filtraciones y acusaciones de manipulación política. Si es encontrado culpable, el líder conservador podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre los 6 y 12 años. Uribe, por su parte, niega todas las acusaciones en su contra.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (c) habla durante una rueda de prensa este jueves en Bogotá (Colombia) | EFE

¿Cómo empezó el caso Uribe?

El caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez comenzó en septiembre de 2014 durante un debate en el Congreso. En esa sesión, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Cepeda presentó testimonios de antiguos paramilitares para respaldar sus acusaciones.

En ese momento, Uribe fue señalado de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado responsable de violentos enfrentamientos con guerrillas y numerosas muertes de civiles.

En respuesta, Uribe interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra Cepeda, acusándolo de manipular a exparamilitares en prisión para que testificaran falsamente en su contra. La Corte Suprema investigó estas acusaciones durante varios años, tomando declaraciones de Uribe, Cepeda y los testigos involucrados.

En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, implicando los delitos de soborno y fraude procesal.

Dos años más tarde, en 2020, Uribe renunció a su escaño en el Senado, renunciando así a su fuero parlamentario, para que su caso pasara a la justicia ordinaria. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no había pruebas suficientes para continuar con la persecución judicial.

Pero la situación cambió este año con la elección de la nueva Fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien fue ternada por el presidente Gustavo Petro. En su primera decisión de alto impacto, Camargo anunció que, basándose en las pruebas físicas y elementos probatorios, había motivos suficientes para acusar formalmente a Uribe.

Las irregularidades del caso Uribe

El proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha estado plagado de irregularidades desde sus inicios. Durante la etapa en la Corte Suprema de Justicia, Uribe fue interceptado en sus comunicaciones debido a un supuesto "error". 

A lo largo de más de dos años, filtraciones selectivas y editadas moldearon la opinión pública, generando una percepción de culpabilidad contra Uribe.  La fotografía de su reseña policial, tras ser detenido, fue utilizada por sus opositores como un símbolo de victoria parcial. Sin embargo, una juez levantó posteriormente la orden de captura contra él.

El proceso judicial enfrentó otras controversias. La magistrada Cristina Lombana fue apartada del caso debido a su pertenencia a las Fuerzas Militares, mientras que el magistrado César Reyes, quien tiene vínculos familiares con el senador Iván Cepeda, no fue recusado. Reyes también había trabajado en el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

El principal testigo contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, un preso condenado por varios delitos graves, dejó muchas dudas con su testimonio en 2018, ya que la magistrada auxiliar Sandra Lucía Yepes Arroyave fue vista sugiriéndole respuestas. Monsalve afirmó haber sido presionado para cambiar su declaración contra Uribe, mientras que el expresidente indicó que recibió información de que Monsalve quería retractarse.

Durante su encarcelamiento en La Picota, Monsalve disfrutaba de privilegios inusuales, como el ingreso de mujeres y licores costosos, con la aparente complicidad de algunas autoridades. A pesar de estas denuncias, Monsalve sigue recibiendo trato especial.

El fiscal Gabriel Jaimes solicitó investigar la posible manipulación de pruebas por parte de los testigos en contra de Uribe, pero tres años después no hay avances significativos. En cambio, la Fiscalía anunció imputaciones contra testigos de la defensa de Uribe, como Enrique Pardo Hasche y el abogado Samuel Arturo Sánchez.

Uribe y su defensa han denunciado que testimonios cruciales, como el de la exfiscal Hilda Niño, han sido ignorados. Niño afirmó que le ordenaron buscar declaraciones para implicar a Uribe y a su hermano con grupos paramilitares. 

También hay reportes sobre visitas a las cárceles por parte de congresistas como Iván Cepeda y la fallecida Piedad Córdoba, buscando pruebas contra Uribe, que nunca fueron investigadas.

El expresidente Álvaro Uribe, conocido por acorralar a las FARC durante su mandato, enfrenta una situación paradójica: los comandantes de esta guerrilla, ahora libres y protegidos por el Estado, ocupan escaños en el Congreso sin haber sido condenados ni haber reparado a sus víctimas, tras ocho años del acuerdo de paz firmado en La Habana bajo el gobierno de Santos.

La consigna de estos exjefes guerrilleros ha sido ver a Uribe enfrentando la justicia y siendo condenado, considerándolo un trofeo de guerra. Este caso ha sido impulsado principalmente por el senador Iván Cepeda, quien se ha declarado víctima en el proceso. Cepeda, defensor de las guerrillas, es hijo de Manuel Cepeda, expresidente del partido comunista en Colombia, y hay un frente de las FARC que lleva su nombre.