Inicia juicio a Trump en Nueva York por supuesta falsificación de registros comerciales

Este 15 de abril inicia el juicio contra el expresidente Donald Trump en la corte criminal estatal de Nueva York. El exmandatario se enfrenta a 34 acusaciones por la supuesta falsificación de registros comerciales al pagar $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

Será la primera vez que un expresidente de Estados Unidos sea juzgado por delitos penales que podrían llevarlo a prisión. Los juicios anteriores en contra de Trump habían sido de carácter civil, como la acusación de violación y desprestigio moral contra la escritora E. Jean Carroll, y los fraudes en la Organización Trump, casos que derivaron en cuantiosas sanciones económicas.

La acusación del fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, señala que Trump cometió un delito para ocultar otro, además de considerar que el republicano ocultó información perjudicial a los votantes antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El testigo estrella de este juicio podría ser Michel Cohen, el exabogado personal de Trump, quien operó el pago a Daniels y llegó a un acuerdo con fiscales federales para rendir testimonio. Cohen enfrentó cargos y cumple una condena domiciliaria por haber violado reglas de campañas electorales al crear una empresa fantasma para procesar el pago a la actriz porno.

Según la acusación, Trump acordó con Cohen el pago mensual del dinero a Daniels, montos que se hicieron a través de la Organización Trump bajo el concepto de "servicios legales". Existen también otros pagos relacionados, como el hecho a la exmodelo de Playboy, Karen McDougal, quien recibió $150,000 dólares por parte del editor de National Enquirer para callar una supuesta relación con Trump.

Esta será la primera vez que un expresidente enfrente cargos penales, una situación sin precedentes que podría acarrear consecuencias severas, incluyendo la posibilidad de que Trump termine recluido en la prisión de Rikers Island en Nueva York.

El caso no se centra en el pago en sí a Stormy Daniels, sino en los movimientos financieros sospechosos realizados para hacer efectivo ese desembolso durante la campaña electoral de 2016. Los abogados de la defensa tendrán el reto de probar que no hubo intención delictiva por parte de su cliente.