Condenas de hasta 6 años de prisión contra manifestantes de Manicaragua
Los acusados se manifestaron en octubre del año pasado en dicho municipio por los largos apagones.
Creado: October 24, 2025 8:44am
Actualizado: October 24, 2025 10:40am
El régimen cubano condenó esta semana a seis ciudadanos a penas de hasta seis años de cárcel por protestar pacíficamente frente al gobierno municipal de Manicaragua, en Villa Clara, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La sentencia C‑7‑25, emitida el pasado 20 de octubre por el Tribunal Provincial de Villa Clara, corresponde a un proceso penal por “delitos” vinculados con la seguridad del Estado.
Las condenas impuestas fueron las siguientes: a seis años de prisión fueron condenados José Águila Ruiz, por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, y Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez, estos últimos por el supuesto delito de desórdenes públicos.
Mientras tanto, Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López —de 18 años de edad— y Yoan Pérez Gómez fueron condenados a cinco años de prisión por desórdenes públicos.
Los acusados se manifestaron en octubre del año pasado en dicho municipio por los largos apagones.
La sentencia expresa que “el acusado Narbiel accionaba una especie de claxon que incitaba al ruido; por su parte, el encausado Raymond llevaba colocado en la cintura un objeto metálico que golpeaba y el acusado Carlos emitía similares ruidos”. Los otros dos realizaban demandas “con gritos y gestos, con lo que impedían” a los dirigentes explicar la situación energética. El tribunal concluyó que el objetivo era “apabullar a los funcionarios”.
La propia versión oficial reconoce que, cuando se restableció la electricidad, la concentración terminó. Sin embargo, la sentencia afirma que la situación fue “aprovechada” por el acusado José Águila Ruiz, quien con su teléfono celular filmó y difundió en tiempo real la manifestación, lo cual es considerado un delito por el régimen.
La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado estuvo integrada por Justo Gustavo Faife Hernández (ponente), Noraimis Blanco Echarte y Ricardo Hernández Domínguez. El fiscal actuante fue Yoenys Montero Tamayo.
El OCDH calificó esta sentencia como un 'fraude', cuyo único propósito es criminalizar la protesta cívica en la isla.
En las imágenes y videos de la protesta de Manicaragua se evidencia cómo decenas de manicaragüenses rodearon la sede del Gobierno municipal exigiendo las más elementales condiciones de vida en medio del colapso energético.
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