El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, afirmó este lunes que su oficina trabaja junto con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y otras agencias estadounidenses para investigar operaciones relacionadas con el suministro de combustible a CIMEX, una entidad cubana sancionada por Washington.
“Seguimos trabajando en esta investigación sobre el combustible que termina en manos de CIMEX, entidad sancionada por el Departamento del Tesoro”, señaló Fernández en una publicación en sus redes oficiales.
El funcionario advirtió que, si se comprueba que algún negocio realiza operaciones con Cuba en violación de la legislación federal, su oficina revocará el recibo local del impuesto a los negocios (Local Business Tax Receipt), necesario para operar comercialmente en el condado.
“Este es un asunto de seguridad nacional de EE. UU. No vamos a tolerar que negocios utilicen Miami-Dade County para evadir sanciones, violar las leyes de exportación o apoyar ilegalmente a la dictadura asesina, comunista y socialista de Cuba”, agregó.
Las declaraciones de Fernández se producen días después de una investigación conjunta de ADN Cuba y Martí Noticias que documentó cómo combustible procedente de Estados Unidos llega a CIMEX a través de mipymes cubanas, pese a las sanciones que Washington mantiene contra el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
La investigación se basó en documentos internos de la gerencia comercial de CIMEX, obtenidos por ADN Cuba, que reúnen decenas de circulares emitidas entre mayo y septiembre de 2026. Esos registros identifican a 21 proveedores de combustible, entre ellos al menos 16 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas.
Los documentos incluyen precios de compra, venta mayorista y venta minorista, y muestran que CIMEX establece las condiciones comerciales para la reventa del combustible suministrado por proveedores privados. En estos casos, los precios fijados por la entidad estatal se situaban entre 17 y 30 centavos por litro por encima de los valores de compra, diferencias cercanas al 10 %.
Entre las empresas privadas identificadas aparecen KRV Partes y Piezas y Magenta Logística SURL, ambas domiciliadas en La Habana. Dos fuentes independientes entre sí y familiarizadas con las respectivas operaciones confirmaron a ADN Cuba que KRV vendió a CIMEX al menos un isotanque de combustible en septiembre, mientras que Magenta hizo lo mismo en julio.
La documentación también identifica a otras entidades vinculadas al suministro de combustible, entre ellas Cubamax, radicada en Florida y registrada junto a una importadora no identificada; la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET); la importadora del Ministerio de Turismo, ITH; Richmeat de Cuba, filial de la empresa mexicana Richmeat, y una compañía identificada como Talleres Castro.
Uno de los elementos más relevantes de los documentos es una anotación que indica que el combustible destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) se cotiza a precio de costo. Este detalle plantea interrogantes sobre el destino final de parte del combustible comercializado dentro del sistema estatal cubano y las condiciones en que se abastecen las instituciones militares.
La investigación adquiere relevancia en el contexto de las sanciones estadounidenses contra GAESA y otras entidades vinculadas al aparato militar cubano. La identificación de intermediarios privados en las operaciones de suministro abre interrogantes sobre el origen del combustible, las condiciones de las transacciones y el cumplimiento de las regulaciones federales aplicables.
Fernández no identificó en su publicación a los negocios que están siendo investigados ni detalló las posibles operaciones que habrían motivado las pesquisas. Tampoco anunció sanciones concretas contra empresas, sino que advirtió que su oficina revocará los recibos locales de impuestos a los negocios si comprueba que estos operan en violación de las leyes federales.
El funcionario ha impulsado una política de revisión de negocios de Miami-Dade sospechosos de mantener operaciones comerciales con entidades vinculadas al régimen cubano en violación de las restricciones federales. En noviembre de 2025, su oficina inició el proceso para revocar los recibos de impuesto local a los negocios que no aportaron documentación suficiente para acreditar que sus operaciones con Cuba estaban autorizadas. La medida afectó inicialmente a una veintena de empresas, después de que la oficina enviara notificaciones a 75 negocios y recibiera respuestas de 48 de ellos que consideró suficientes.
En 2026, el funcionario también ha advertido sobre los riesgos de hacer negocios con entidades cubanas sancionadas y ha anunciado medidas contra empresas vinculadas a operaciones de exportación hacia la isla. En septiembre pasado, su oficina revocó el recibo comercial de Lux Sky Cargo por presuntos vínculos con la empresa estatal cubana ENETEC, mientras que en junio tomó una medida similar contra Vanguard Energy por un acuerdo relacionado con el envío de combustible a Cuba a través de CUPET.
