Un proceso 'injusto e incompleto': reacciones tras fin de excarcelaciones de presos

Activistas cubanos y organizaciones dentro y fuera de la isla lamentaron el anuncio realizado el lunes por el régimen, donde alegan que ya concluyeron el proceso de excarcelación de 553 reclusos.

Las declaraciones del oficialismo, aunque esperadas, causan molestia, debido a que de esa cifra solo fueron excarcelados poco más de 200 presos políticos, según el subregistro de plataformas independientes.

La organización Cubalex, por ejemplo, documentó 204 excarcelaciones de presos políticos entre enero y marzo, la mayoría bajo figuras de licencia extrapenal o libertad condicional.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó este martes un comunicado calificando de 'injusto e incompleto' el proceso de excarcelaciones en Cuba al excluir al menos a 760 presos políticos y darse ya por finalizado.

"El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022. La Iglesia católica cubana, en diversas ocasiones, ha exigido la liberación de los presos por ejercer sus derechos; igualmente el Papa Francisco, por medio de su enviado a Cuba en febrero de 2023, cardenal Beniamino Stella”, añadió el OCDH.

Su director de Estrategia, Yaxys Cires, declaró a ADN Cuba que "el proceso debería continuar. La vida y libertad de los presos políticos no deberían estar en juego producto de los acostumbrados cálculos políticos del régimen".

Igualmente la organización Justicia 11J difundió una declaración que denuncia la falta de transparencia de dicho proceso. "Esta maniobra del régimen cubano no representa un avance en materia de derechos humanos, sino una estrategia de manipulación política que busca generar una falsa imagen de apertura sin garantizar justicia ni reparación para las víctimas de la represión".

Camila Rodríguez, coordinadora de Justicia 11J, explicó a la revista que "aunque el régimen nunca mencionó públicamente que serían excarceladas personas detenidas por razones políticas, porque no las ha reconocido jamás, los actores internacionales que intervinieron en el proceso de negociación tienen la responsabilidad de exigir transparencia y fiscalizar la lista de beneficiarios para garantizar que las excarcelaciones se hicieran extensivas a la población que se prometió beneficiar, que parece haber sido la privada de libertad por ejercer derechos y libertades, de acuerdo con comunicaciones oficiales de la Casa Blanca el pasado enero".

Giselle Rodríguez, abogada de Cubalex, expresó que es una "muestra fehaciente de la subordinación de los tribunales al poder político. No se trató de un proceso judicial justo ni transparente. Han actuado con mucha opacidad al punto de no saber más que lo que nos están diciendo: no sabemos quiénes son estas personas, cómo fue el proceso de solicitud, quién hizo la solicitud y con base en qué, qué argumentos dieron los jueces en estos casos".

Igualmente Prisoners Defenders (PD) señaló que de los 553 presos excarcelados, ellos han verificado que solo 229 son presos políticos, e incluso en torno a una decena ya tenían una licencia extrapenal que ha sido simplemente extendida en este proceso. Ninguno de los 229 ha sido liberado, sino que son excarcelados bajo un régimen carcelario-domiciliar "verdaderamente draconiano, cuyas limitaciones de libertad y abusos siguen siendo los propios de un régimen que no respeta ningún derecho humano, incluidos los procesales o penitenciarios".

Por su parte, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba informó que se ha culminado de forma 'exitosa' el proceso de excarcelación de 553 presos.

El informe de la televisión recalcó que los beneficiados por esta medida no han sido liberados, sino que han recibido una «excarcelación anticipada» y que aún no han "terminado de cumplir su condena".

Si los beneficiados no cumplen ciertas obligaciones impuestas por el régimen, podría haber consecuencias, advirtió el informe: "Estos beneficios podrían ser revocados ante incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados y regresarían entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción".