La organización independiente Cubalex documentó 12 muertes bajo custodia estatal en Cuba durante septiembre de 2026, entre ellas las de dos jóvenes de 18 años que cumplían el Servicio Militar Obligatorio, según una alerta publicada el jueves.

De acuerdo con el equipo de monitoreo de la organización, diez fallecimientos estuvieron vinculados a establecimientos penitenciarios, mientras que los otros dos ocurrieron durante el Servicio Militar. La cifra duplica los cinco casos registrados en agosto y constituye el pico mensual más alto desde febrero de este año.

En declaraciones a ADN Cuba en julio pasado, Alain Espinosa, abogado de Cubalex, advirtió sobre la vulnerabilidad de las personas sometidas a restricciones de libertad en Cuba y la responsabilidad de las autoridades sobre su integridad.

"Estas muertes son la prueba de la falta de voluntad política del Estado cubano para cumplir una obligación imprescindible como es el preservar la vida de quienes están bajo su entera responsabilidad", declaró Espinosa.

Cubalex identificó tres casos con indicios de ejecución extrajudicial que, según la organización, requieren investigaciones independientes e imparciales. 

Además, dos de las personas fallecidas habían sido excarceladas poco antes de morir, cuando se encontraban en estado crítico de salud.

Dos jóvenes de 18 años murieron durante el Servicio Militar

Entre los casos documentados figuran los de Yandiel Jurado, fallecido en Manzanillo, provincia de Granma, y Leordanis Ramón Ricardo Batista, conocido como «Leo», quien murió en Nipe, Holguín. Ambos tenían 18 años y cumplían el Servicio Militar Obligatorio.

Según la información recopilada por Cubalex, Yandiel murió tras recibir un disparo dentro de una unidad militar, cuando otro recluta manipulaba un fusil. La madre del joven se había opuesto a su incorporación al servicio y, de acuerdo con la denuncia, recibió multas hasta que su hijo fue enviado a cumplirlo.

El segundo caso corresponde a Leordanis Ramón Ricardo Batista, quien falleció el 22 de septiembre mientras se encontraba en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), en Nipe, Holguín.

El joven tenía antecedentes de salud mental desde los nueve años. Pese a la documentación médica presentada por su familia, fue declarado apto para el Servicio Militar.

Sus familiares denunciaron que el jefe de la unidad, identificado como el mayor Bandera, se negó a trasladarlo a un lugar más cercano a su vivienda y lo sometió a maltrato verbal y fuertes presiones.

De las diez muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios, dos corresponden a personas que fueron excarceladas en estado grave y fallecieron poco después.

Cubalex sostiene que la liberación de una persona antes de su muerte no elimina la obligación estatal de investigar las decisiones, acciones u omisiones que tuvieron lugar durante su reclusión.

La organización subraya que las autoridades deben esclarecer si hubo negligencia médica, falta de atención sanitaria u otras actuaciones que pudieron contribuir a los fallecimientos, incluso cuando estos se producen después de la salida de prisión.

El organismo también alertó sobre la opacidad oficial y el subregistro de las muertes bajo custodia, factores que dificultan conocer la magnitud real del problema y establecer responsabilidades.

Desde 2024, Cubalex ha documentado más de 115 muertes bajo custodia penitenciaria, según la organización.

La organización sostiene que los fallecimientos registrados evidencian un patrón de impunidad, negligencia médica y violencia dentro de instituciones estatales. Por ello, exige investigaciones independientes, transparencia y garantías de justicia y reparación para las familias afectadas.