El pastor evangélico Rolando Pérez Lora, miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, fue detenido el pasado viernes 6 de noviembre y trasladado por la fuerza desde La Habana hasta la provincia de Las Tunas, en una nueva acción de hostigamiento contra líderes religiosos independientes en la isla.
El religioso, conocido como “Pregonero de Cristo”, fue liberado posteriormente en Las Tunas, pero el régimen le dejó una citación policial pendiente, según denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), junto a la Alianza de Cristianos de Cuba.
Pérez Lora fue detenido en Guanajay, provincia de Artemisa, cuando acudió a acompañar pastoralmente a Anthony Martínez Román, un joven cristiano integrante de la organización que había sido citado por las autoridades ese mismo día.
Martínez también fue detenido durante el operativo y liberado el 7 de noviembre.
Según la organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW), al menos cinco líderes protestantes fueron detenidos el 6 de noviembre en Guanajay cuando acompañaban a Martínez mientras este cumplía una citación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Entre ellos se encontraba Pérez Lora, vinculado a una iglesia independiente no registrada.
El pastor Rolando Pérez Lora, miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba, fue liberado en Las Tunas tras haber sido detenido el pasado 6 de noviembre y trasladado por la fuerza hasta esa provincia. Las autoridades lo dejaron en libertad con una citación policial pendiente. Su detención ocurrió cuando brindaba acompañamiento pastoral a Anthony Martínez Román, joven cristiano integrante de la organización, quien también fue detenido ese mismo día. Desde el OCDH y la Alianza de Cristianos de Cuba condenamos estas acciones de hostigamiento contra líderes religiosos y exigimos el cese de la represión.
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) November 9, 2026
La organización también denunció que agentes de la Seguridad del Estado rompieron deliberadamente el teléfono móvil del pastor antes de dejarlo en la provincia de Las Tunas, situada a unos 650 kilómetros de La Habana, donde tenía su residencia habitual.
El traslado forzoso fue denunciado por activistas y allegados del religioso, quienes señalaron que la medida fue utilizada como una alternativa a las amenazas de encarcelamiento por continuar con su labor pastoral y su activismo cristiano.
Desde el OCDH y la Alianza de Cristianos de Cuba condenaron las acciones de hostigamiento contra los líderes religiosos y exigieron el cese de la represión.
El caso de Pérez Lora no es aislado. El pastor ya había sido detenido violentamente el pasado 1 de octubre cuando intentaba acompañar a la creadora de contenidos cristiana Anna Sofía Benítez, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, durante un proceso judicial.
Asimismo, había sufrido otras acciones de hostigamiento por parte de las autoridades debido a su actividad religiosa y a la publicación de contenidos en redes sociales.
Deportación interna: una herramienta de represión contra opositores y activistas
El traslado forzoso de Pérez Lora a Las Tunas se enmarca en una práctica que organizaciones de derechos humanos identifican como deportación interna: el uso de mecanismos policiales y administrativos para obligar a opositores, activistas y periodistas independientes a abandonar La Habana y regresar a sus provincias de origen.
En un análisis publicado en mayo de 2026, la organización Cubalex advirtió que estas medidas no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón restrictivo de los derechos humanos utilizado para limitar la libertad de movimiento y residencia de ciudadanos considerados incómodos por el régimen.
El documento analiza el caso del artista contestatario Dayán Melián Castro, quien había sido amenazado con un traslado forzoso desde La Habana hacia Camagüey.
Según Cubalex, las autoridades utilizan estas medidas para obligar a opositores políticos, activistas por los derechos humanos y periodistas independientes a abandonar la capital y regresar a sus provincias de origen, donde su labor suele tener menor visibilidad y puede quedar más expuesta a la represión.
La organización señala que uno de los instrumentos empleados para justificar estas actuaciones es el Decreto 217 de 1997, que establece restricciones administrativas para que ciudadanos de otras provincias puedan establecer su residencia en La Habana. Su aplicación permite a las autoridades exigir permisos de residencia y ordenar el retorno al lugar de origen de quienes no cuenten con el reconocimiento administrativo correspondiente.
Cubalex advierte que el uso de estas disposiciones contra personas que ejercen sus derechos políticos y civiles convierte una regulación administrativa en un mecanismo de control y castigo político. Además, señala que estas prácticas contradicen el artículo 52 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho de los ciudadanos a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, así como a cambiar de domicilio o residencia.
El análisis también señala que estas medidas vulneran estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen la libertad de circulación y el derecho de las personas a elegir libremente su lugar de residencia.
Cubalex considera que la deportación interna constituye una sanción impuesta mediante coacción policial, sin una resolución judicial que la establezca, y que puede desarticular las redes familiares, sociales y profesionales de quienes son objeto de estas medidas.
El traslado de Rolando Pérez Lora vuelve a evidenciar el uso de estas prácticas contra personas vinculadas a organizaciones independientes y comunidades religiosas que desarrollan actividades fuera del control estatal.
