El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias Defensa CD y el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) entregaron una carta dirigida al papa León XIV para denunciar las violaciones a la libertad religiosa en Cuba y pedir que la situación de los creyentes en la isla sea visibilizada durante el viaje apostólico del pontífice por América Latina.
La entrega se realizó el viernes 6 de noviembre en la Nunciatura Apostólica en La Habana y estuvo a cargo de Shaliaj Carlos Montoya, según informó Defensa CD en un comunicado.
En la misiva, ambas organizaciones exponen las restricciones, represalias y actos de hostigamiento que enfrentan personas y comunidades religiosas en el país. Asimismo, ponen a disposición de la Santa Sede los informes, testimonios y documentación recopilados sobre estos hechos.
De acuerdo con los informes correspondientes al período de marzo a septiembre de 2026, el Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD documentó 939 violaciones a la libertad religiosa en Cuba.
Entre las vulneraciones registradas figuran citaciones policiales a líderes religiosos, vigilancia de comunidades, interferencias en reuniones y actividades de culto, presiones para que creyentes abandonen su labor religiosa y detenciones arbitrarias.
Las organizaciones advirtieron que la represión no afecta exclusivamente a una denominación religiosa, sino que alcanza a católicos, evangélicos, ortodoxos y miembros de otras tradiciones, quienes enfrentan obstáculos para reunirse, practicar su fe y desarrollar actividades comunitarias.
“Los 939 casos documentados representan a personas y comunidades expuestas a vigilancia, citaciones y represalias por vivir o expresar sus creencias. Queremos que durante el viaje del Papa se recuerde que Cuba también necesita libertad, democracia y respeto a los derechos humanos”, afirmó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD.
Por su parte, Mario Félix Lleonart, director adjunto del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD, señaló que las restricciones alcanzan a diferentes comunidades religiosas.
“En Cuba no se hostiga a una sola tradición: católicos, evangélicos, ortodoxos y comunidades minoritarias viven restricciones que alcanzan su culto, sus reuniones y su labor comunitaria. La libertad religiosa se defiende para todos, o no se garantiza de verdad”, expresó.
La carta también plantea que el anhelo de libertad del pueblo cubano comprende el respeto a los derechos humanos, la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes y el derecho de cada persona a profesar, practicar, cambiar o no profesar una religión o creencia sin temor a represalias.
“Una isla puede quedar fuera de una ruta, pero no debe quedar fuera de la conversación sobre derechos humanos”, señala la misiva, que concluye con un llamado a garantizar la libertad religiosa en todos los rincones de América Latina y el Caribe.
Más de 870 violaciones a la libertad religiosa durante 2025
Las nuevas denuncias se producen después de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentara al menos 873 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante 2025, con picos de represión concentrados entre marzo y junio.
Según el informe anual de la organización, las acciones represivas afectaron a comunidades de fe, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familiares. Entre los hechos registrados figuraron detenciones arbitrarias, vigilancia, interrogatorios, restricciones a la asistencia religiosa de presos políticos y hostigamiento contra representantes de distintas denominaciones.
Uno de los casos más graves fue la expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, después de que las autoridades cubanas se negaran a renovar su residencia temporal en el país.
El religioso había tocado las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, el 8 de diciembre de 2025, como gesto de solidaridad con los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los prolongados apagones.
Fuentes internas de la Iglesia Católica señalaron a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, como responsable directa de la medida, ejecutada bajo presión de la Seguridad del Estado y que obligó al sacerdote a abandonar Cuba en cuestión de horas.
El OCDH también documentó durante ese año acciones represivas contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, y Yoandy Izquierdo Toledo, integrante de esa organización independiente de pensamiento, quienes recibieron citaciones para interrogatorios, amenazas y restricciones de movimiento por intentar participar en actividades de carácter diplomático.
Asimismo, se registraron denuncias de negación arbitraria de asistencia religiosa a presos políticos, entre ellos Oscar Sánchez Madan, coordinador del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), y los presos del 11J Roberto Pérez Fonseca y Ángel Jesús Véliz Marcando.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido reiteradamente que el control estatal sobre las comunidades religiosas limita no solo el ejercicio del culto, sino también las iniciativas de acompañamiento social, solidaridad y expresión pública de los creyentes.
