El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 387 acciones represivas contra la población cubana durante octubre de 2026, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y 357 abusos, según un informe publicado este viernes.

La organización también recibió 73 denuncias de presos políticos, reclusos comunes y sus familiares, mientras que registró al menos 145 acciones de vigilancia y sitios policiales contra activistas, periodistas independientes, opositores y familiares de presos políticos.

Las provincias más afectadas por la represión fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Entre las principales violaciones documentadas figuran amenazas, hostigamiento, citaciones policiales, peticiones fiscales y restricciones a la libertad de movimiento.

“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social”, expresó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.

Las detenciones arbitrarias afectaron principalmente a activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica.

Entre los detenidos durante el período aparecen los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, así como los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez.

También fueron arrestados los manifestantes del 11J Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, cuando cumplían con las obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.

Uno de los casos destacados fue el del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, detenido violentamente el 1 de octubre cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre, Caridad Silvente, durante su juicio.

El arresto ocurrió en medio de un operativo de vigilancia y restricciones de movimiento contra personas que intentaban asistir a la vista judicial.

La represión también alcanzó a ciudadanos que protestaron por la situación del país, como Ariel Limias Leyva y Oscar Echevarría Rubio, y a periodistas independientes como Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, quienes denunciaron amenazas e intimidaciones durante interrogatorios.

Más de 60 abusos contra presos políticos

El OCDH documentó al menos 63 abusos contra presos políticos durante octubre, entre ellos agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y medicamentos, restricciones de comunicación con familiares y traslados arbitrarios.

Entre los casos más preocupantes figuran los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en cárceles de Camagüey.

También se reportaron agresiones físicas contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler, el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro y amenazas de muerte contra Denys Hernández Ramírez.

Varios reclusos recurrieron a huelgas de hambre para protestar por las condiciones de encarcelamiento y las restricciones penitenciarias. Entre ellos se encuentran Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez.

La falta de atención médica fue otra de las denuncias recurrentes. El informe menciona los casos de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla, quienes enfrentan problemas de salud y dificultades para acceder a tratamientos especializados.

Asimismo, se denunciaron restricciones a las visitas familiares, privación de llamadas telefónicas, alimentación insuficiente y condiciones sanitarias deficientes en distintos centros penitenciarios.

145 sitios policiales y 12 citaciones

Uno de los datos más significativos del informe corresponde a los 145 operativos de vigilancia y cercos policiales registrados durante octubre para impedir los movimientos de periodistas, activistas y opositores.

Una parte importante ocurrió el 1 de octubre, coincidiendo con el juicio de Anna Bensi y su madre. Ese día fueron sitiados o vigilados la periodista Camila Acosta, la directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político Ángel Moya.

También fueron vigilados el activista Adelth Bonne Gamboa y varios integrantes del proyecto audiovisual Fuera de la Caja Cuba, entre ellos Karel Daniel Hernández Planas, Mauro Reigosa Pérez, Abel Alejandro Andrés Navarro y Amanda Beatriz Andrés Navarro.

Las acciones contra las Damas de Blanco continuaron durante todos los domingos del mes, mediante cercos policiales destinados a impedirles asistir a misa.

El informe también recoge nuevos operativos contra Camila Acosta, quien denunció haber sido nuevamente sitiada y amenazada el 28 de octubre, así como contra los activistas Aurelio Cabrera González, en Sancti Spíritus, y Jesús Vilche Herrera y Josefa Márquez Muños, en Cienfuegos.

Por otra parte, el OCDH documentó al menos 12 citaciones policiales contra periodistas, activistas y ciudadanos vinculados a iniciativas sociales y humanitarias.

Entre los afectados aparecen el periodista Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba; el activista Adelth Bonne Gamboa y el cristiano Anthony Martínez, citado en varias ocasiones después de asistir al juicio de Anna Bensi y su madre.

También fue citado el expreso político Julián Mazola, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien posteriormente fue trasladado a una estación policial. Su hermana recibió amenazas de agentes de la Seguridad del Estado.

Las citaciones alcanzaron además a Zula López y Lendra Martínez, colaboradoras de un proyecto de distribución de alimentos a personas vulnerables en Santiago de Cuba, así como a los activistas Bismark Mustelier Galán y Evangelio Sánchez Alayo.

35 personas procesadas en cuatro causas con peticiones fiscales

Otro dato preocupante del informe es que durante octubre se documentaron al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos penales con peticiones fiscales, relacionados con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en protestas ciudadanas.

En Granma, la Fiscalía solicitó hasta diez años de prisión para cuatro personas: Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. El proceso está relacionado con la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas.

En otro proceso, las autoridades solicitaron entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de entre 20.000 y 25.000 pesos cubanos para José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, acusados de presunto tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas.

En Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial pidió hasta 13 años de cárcel para 18 personas procesadas por su participación en las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón. Entre los acusados figuran Jonathan David Muir Burgos, quien tenía 16 años cuando fue detenido, y Christian de Jesús Crespo, de 17 años.

Por último, la Fiscalía Municipal de Bayamo solicitó hasta cinco años de prisión para nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta popular del 23 de mayo de 2025.

Los datos del OCDH reflejan la persistencia de la represión política en Cuba, con detenciones arbitrarias, persecución judicial, vigilancia policial y abusos contra personas encarceladas, en un contexto de profunda crisis política, económica y social.