El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condenó la prisión preventiva impuesta al periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba, quien permanece detenido desde el 16 de septiembre y fue trasladado el pasado jueves a la prisión de Kilo 7, en Camagüey. 

La directora del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (OCLE) de dicha organización, Arailaisy Rosabal García, declaró a ADN Cuba que es preocupante la escalada represiva contra el periodista en menos de dos años. 

"Lo cierto es que ahora ha sido recluido en una cárcel con una medida que no tiene fecha de término conocida", agregó.

En una declaración publicada por el ICLEP, la organización calificó la privación de libertad de Constantín como “arbitraria, desproporcionada y dirigida a castigar el ejercicio del periodismo independiente”, y denunció irregularidades en prácticamente todas las etapas del procedimiento seguido contra el comunicador.

El periodista fue detenido el 16 de septiembre después de acudir a una citación de las autoridades cubanas y posteriormente trasladado a Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios de la Seguridad del Estado en Camagüey. 

El régimen lo investiga por un supuesto delito de desobediencia relacionado con su presunta incomparecencia a una citación del 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería.

De acuerdo con el ICLEP, durante los primeros días de la detención el paradero de Constantín permaneció oculto durante horas, los cargos fueron comunicados verbalmente y su defensa tuvo que esperar siete días para acceder al expediente. La organización también denunció que la defensa recibió información falsa sobre el lugar al que sería trasladado y que una audiencia de hábeas corpus fue pospuesta pese a que la legislación establece un plazo de 72 horas para su celebración.

El traslado a Kilo 7 ocurrió el 24 de septiembre. Según confirmó el propio Constantín en una llamada telefónica a su pareja, la también periodista Alejandra García, se encontraba recluido en esa prisión y no en la cárcel de Cerámica, como había informado previamente la defensa a partir de la información proporcionada por las autoridades.

El ICLEP señaló que la audiencia de hábeas corpus, aprobada el 22 de septiembre, debía celebrarse el viernes 25, pero el Tribunal Provincial Popular de Camagüey la pospuso alegando un “cambio de labor”. La organización considera que esa decisión incumple el plazo legal y forma parte de las irregularidades que han rodeado el proceso contra el periodista.

La organización también cuestionó la naturaleza de la acusación contra Constantín y sostuvo que la prisión preventiva constituye una medida desproporcionada frente a la conducta que se le atribuye. Según el expediente al que finalmente tuvo acceso su abogada, el periodista es acusado de desobediencia por no haber acudido a la citación del 9 de septiembre ni haber comunicado una causa que justificara su ausencia.

Para el ICLEP, lo ocurrido no constituye un episodio aislado. El OCLE de esa organización documentó 26 violaciones, distribuidas en 20 registros, contra Constantín entre el 19 de diciembre de 2024 y el 24 de septiembre de 2026. Según la base de datos citada por el instituto, ocho de esas violaciones corresponden a detenciones arbitrarias y en tres de ellas se desconoció durante horas el paradero del periodista.

La organización sostiene que varias de las detenciones coinciden con actividades de la diplomacia estadounidense en Cuba, aunque afirma que la mayoría responden a lo que identifica como un patrón sostenido de represión relacionado con su condición de periodista independiente y con la dirección de La Hora de Cuba.

“El Estado cubano no responde a los reclamos de la sociedad civil ni de su propia legislación”, afirmó el ICLEP, que pidió a gobiernos democráticos condenar públicamente la prisión de Constantín y reclamar su liberación en sus comunicaciones con La Habana. 

También solicitó que las misiones diplomáticas en La Habana den seguimiento al proceso y que sus representantes asistan como observadores a la audiencia de hábeas corpus y a cualquier eventual juicio.

El instituto pidió además que el caso sea llevado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y reclamó que se evalúen mecanismos de rendición de cuentas contra funcionarios que hayan sido identificados como responsables de la persecución contra el periodista.

En cuanto a la Unión Europea, el ICLEP solicitó al Servicio Europeo de Acción Exterior que se pronuncie sobre el caso, que la Delegación de la UE en La Habana solicite información sobre la situación de Constantín y observe el proceso, y que el caso sea planteado en el diálogo sobre derechos humanos previsto en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. También pidió al Parlamento Europeo una resolución de urgencia sobre el periodista.

A los organismos internacionales de derechos humanos, la organización pidió al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que examine el caso como una acción urgente y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión que envíe una comunicación urgente al Gobierno cubano. También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerar medidas cautelares a favor de Constantín y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dar seguimiento público al caso.

Constantín permanece recluido en Kilo 7 mientras continúa pendiente la resolución del recurso de hábeas corpus presentado por su defensa. Su caso se suma a otros episodios recientes de detenciones y restricciones contra periodistas independientes cubanos documentados por organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa.