El preso político cubano Julián Mazola Beltrán lleva más de un mes detenido en el Técnico de Cuatro Caminos, en Artemisa, sin que el régimen le haya notificado formalmente los delitos que presuntamente se le imputan, denunció el jueves la plataforma Defensa CD.
Mazola, promotor de Cuba Decide y beneficiario de una medida cautelar de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), permanece bajo investigación desde el pasado 9 de octubre, cuando fue arrestado por agentes de la Seguridad del Estado y la policía política.
Juan Carlos Vargas, director de Defensa CD, explicó a ADN Cuba este viernes que las visitas al preso político también "están restringidas a determinados días. Su hermana ha podido verlo y comprobar personalmente el deterioro de su estado de salud. Sobre las llamadas telefónicas, no tenemos confirmación de que haya podido realizarlas con regularidad".
"Nuestra principal preocupación en estos momentos es su integridad física y psicológica. Julián es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y consideramos que las autoridades cubanas tienen la obligación de garantizar su vida, su salud y su integridad personal. Seguimos exigiendo su liberación inmediata y el respeto de sus derechos fundamentales", añadió Vargas.
Según Defensa CD, aunque las autoridades no le han comunicado de qué delitos lo acusan, lo amenazan con una posible condena de entre cuatro y 12 años de prisión. La organización denunció que el joven está siendo sometido a un proceso penal sin conocer formalmente los cargos que enfrenta.
La plataforma también alertó sobre el deterioro de la salud mental de Mazola debido a la presión, el encierro y la incertidumbre a los que está sometido, y advirtió que su integridad y su vida corren peligro.
Por ello, reclamó atención médica y psicológica especializada de manera urgente, además de garantías para su seguridad.
Defensa CD recordó que la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a Mazola, que obligan al Estado cubano a adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal. La organización considera que mantenerlo detenido, sin comunicarle los cargos y bajo amenazas de una larga condena, constituye un incumplimiento de esas obligaciones.
El joven fue arrestado el 9 de octubre después de acudir a una citación de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, Artemisa, acompañado por su hermana. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los agentes lo trasladaron primero hasta su vivienda para realizar un registro y posteriormente lo condujeron a una estación policial.
Mazola había sido condenado anteriormente por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), que comenzaron precisamente en San Antonio de los Baños y se extendieron a distintas localidades del país. Inicialmente recibió una pena de 12 años de prisión. Fue excarcelado en 2025.
Su historial también incluye denuncias de violencia durante su encarcelamiento. En 2024, sufrió un intento de violación en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
En un comunicado, Defensa CD exigió la liberación inmediata e incondicional de Mazola, el fin del proceso penal en su contra y la prestación urgente de atención médica y psicológica especializada.
Asimismo, responsabilizó a Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y a los órganos de la Seguridad del Estado por cualquier daño que pueda sufrir el joven mientras permanece bajo custodia.