El preso político del 11J Eliezet Sesma Diago denunció las precarias condiciones de alimentación y la falta de medicamentos en el campamento penitenciario La Lima, ubicado en Guanabacoa, La Habana, donde cumple una condena de nueve años de cárcel. 

El recluso también alertó sobre las amenazas de la Seguridad del Estado para que deje de informar sobre la realidad de la prisión y el impago de salarios a los internos que realizan trabajos fuera del establecimiento.

Según un testimonio difundido este jueves por el Observatorio de Derechos Culturales, Sesma Diago describió la mala calidad de los alimentos que reciben los reclusos, las deficiencias en su preparación y la ausencia de medicamentos en el puesto médico del centro penitenciario.

“En el establecimiento penal de mínima severidad La Lima, ubicado en el municipio de Guanabacoa, en La Habana, el arroz semicrudo que se sirve está causando vómitos a varios reclusos”, escribió el preso político.

 

De acuerdo con su denuncia, algunos internos aseguran que el arroz se les pega a las paredes del estómago y les resulta difícil digerirlo. El resto de las comidas tampoco garantiza una alimentación adecuada.

“Una pasta aguada como plato fuerte, seguida de una yuca dura, una pequeña porción de una ácida pulpa de guayaba y una sopa, o agua caliente con algún que otro condimento, completan el cuadro atroz de sus almuerzos y comidas”, relató.

El desayuno puede consistir en un pan o en la misma yuca servida el día anterior, acompañada de una preparación que los internos llaman “arepa” y comparan con “agua con detergente”.

Sesma Diago también denunció presuntas irregularidades en el manejo de los escasos productos alimenticios que llegan al campamento. Según indicó, tres sacos de azúcar recibidos por el establecimiento duraron solamente tres días.

Trabajo de más de 10 horas y salarios impagados

Las condiciones denunciadas se suman a la situación de los reclusos que trabajan fuera del campamento durante jornadas de más de 10 horas y que, de acuerdo con Sesma Diago, no reciben sus salarios desde enero de 2026.

“A pesar del hambre existente, se hacen requisas a los internos que trabajan fuera del campamento y les quitan desde una jaba de pan hasta un paquete de espaguetis, que utilizan para solventar de alguna manera la hambruna que pasan después de trabajar más de diez horas, trabajo que desde enero de este año no ha sido posible cobrar”, escribió.

El preso político afirmó que los alimentos decomisados no son destruidos ni devueltos a las familias que los proporcionaron, sino que terminan en manos de los militares responsables de las requisas.

Estas prácticas, según su denuncia, privan a los reclusos de la posibilidad de conservar productos básicos para aliviar el hambre después de sus jornadas laborales.

El Observatorio de Derechos Culturales calificó la situación como una alerta y exigió que se garantice la integridad física y psicológica de Sesma Diago, así como la de los demás internos, además del acceso a una alimentación adecuada, atención médica y el pago del trabajo realizado.

Amenazas contra el preso político y su familia

El Observatorio también alertó sobre las presiones ejercidas contra Sesma Diago para impedir que continúe denunciando las condiciones de reclusión.

Según la organización, el preso político ha recibido amenazas de la Seguridad del Estado para que deje de informar sobre lo que ocurre en La Lima. La intimidación también habría alcanzado a su familia: semanas atrás, su esposa fue citada con el mismo propósito.

Pese a estas presiones, Sesma Diago continúa documentando las condiciones del campamento y haciendo públicas las denuncias sobre el trato a los reclusos.

El régimen cubano condenó a nueve años de cárcel a Sesma Diago por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

El preso político es padre soltero y sufrió acoso de la Seguridad del Estado incluso antes de las manifestaciones. El 7 de julio de 2021, agentes de esa institución lo citaron verbalmente para un interrogatorio en la estación policial de Cojímar, en La Habana, debido a sus vínculos con activistas de derechos humanos y periodistas independientes.

Las nuevas denuncias vuelven a poner el foco en las condiciones de vida de los presos políticos y comunes en el sistema penitenciario cubano, así como en las represalias que enfrentan quienes intentan documentar y divulgar los abusos cometidos dentro de las cárceles.