El cierre del puesto médico de la prisión Cuba-Panamá, en Güines, Mayabeque, fue denunciado por el Frente Antitotalitario Unido (FANTU), que advirtió sobre el agravamiento de las condiciones de reclusión en ese centro penitenciario, donde permanecen personas con VIH.
Según la denuncia difundida por la organización en redes sociales, el preso político Pedro Luis Fernández Peralta protestó ante la guarnición del penal después de conocer que el puesto médico había sido cerrado. La reclamación se produjo durante una visita de un teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT), quien se identificó como integrante de la Delegación Provincial de Mayabeque y preguntó a los reclusos por sus quejas sobre el funcionamiento de la prisión.
Fernández Peralta tomó la palabra y calificó la medida como “un genocidio premeditado”, al considerar que dejar a los internos sin atención médica constituía una forma de exterminarlos progresivamente.
El oficial respondió que el servicio había cerrado porque el personal del Ministerio de Salud Pública se negaba a trabajar en el centro penitenciario. También alegó que existían dificultades con la disponibilidad de médicos en los hospitales civiles.
El preso político cuestionó esa explicación y exigió que, si el régimen no podían garantizar las condiciones mínimas para mantener con vida a los reclusos, los pusieran en libertad hasta que pudieran asegurar su atención. “Al no hacerlo, nos están asesinando cada día detrás de otro”, le respondió el opositor.
El militar manifestó que no podía decidir sobre esa petición y que no tenía respuesta. Tras el intercambio, otros internos comenzaron a respaldar la protesta y denunciaron la acumulación de carencias en el penal.
“Primero la carencia era con la comida, después nuestros familiares no pueden ni venir a visitarnos aquí, porque no existe transporte, hace poco no tenemos agua ni para bañarnos y poca para beber y ahora cierran el puesto médico y nos dicen, que pidamos los medicamentos a la familia”, expresaron algunos reclusos, según el FANTU.
El oficial se retiró sin responder a las reclamaciones.
El cierre del puesto médico supone una preocupación adicional en una prisión donde se encuentran personas con VIH, que pueden necesitar seguimiento clínico, acceso regular a medicamentos y atención especializada. La denuncia se suma a otros reportes sobre las condiciones de reclusión y la falta de asistencia sanitaria en Cuba-Panamá.
En febrero de 2026, el preso político del 11J Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, murió poco después de recibir una licencia extrapenal cuando ya se encontraba en estado grave de salud. Según un reporte de la organización Prisoners Defenders, Oña Jiménez sufrió una isquemia mientras estaba recluido en Cuba-Panamá, que le provocó la parálisis de varias partes del cuerpo.
Tras no recibir la atención médica adecuada en la prisión, fue trasladado al hospital Julio Trigo, en La Habana. Posteriormente, lo enviaron a su vivienda en la capital, donde falleció poco tiempo después. Su caso evidenció los riesgos que enfrentan los reclusos cuando las enfermedades graves no reciben atención oportuna.
Las denuncias sobre la situación sanitaria del penal también se remontan a 2024. Ese año, la presa política y Dama de Blanco Yacqueline Heredia, paciente de VIH y diabética, presentaba un deterioro de su estado de salud en medio de la escasa asistencia médica que recibía en la prisión. Heredia llegó a declararse en huelga de hambre, según informó ADN Cuba.
Reclusos con VIH: falta de atención médica y medicamentos
En un reportaje publicado en 2024, ADN Cuba documentó el abandono que sufren los reclusos con VIH en el sistema penitenciario cubano, marcado por denuncias de escasez de alimentos y medicamentos, deficiencias en la atención sanitaria y abusos contra los reclusos.
El Reglamento de Ejecución Penal de Cuba reconoce la existencia de establecimientos penitenciarios de tipo especial para personas con VIH/sida. Según ha documentado la organización Justicia 11J, entre estos centros se encuentran instalaciones en San José de las Lajas, Mayabeque; Santa Clara, Villa Clara; El Caguayo, Santiago de Cuba; y Holguín.
Sin embargo, la existencia de centros destinados específicamente a esta población no ha impedido que se denuncien graves deficiencias en las condiciones de reclusión. En la prisión Cuba-Panamá, los internos con VIH han sido señalados como víctimas de la falta de atención médica especializada, así como de la escasez de alimentos y medicamentos básicos.
El cierre del puesto médico, denunciado ahora por el FANTU, agrava la preocupación por la situación de los reclusos y por la capacidad de las autoridades penitenciarias para garantizar su salud y su vida.