Cubana de Tampa sentenciada a 5 meses de cárcel por contrabando de dinero desde Cuba

El caso de Mirtza Ocaña, una mujer cubanoamericana de Tampa, Florida, culminó este viernes con una sentencia que marca un punto final en un capítulo de tráfico ilícito de dinero entre Cuba y Estados Unidos. La jueza federal Kathryn K. Mizelle dictó una condena de cinco meses de prisión, seguida por tres años de libertad supervisada, junto con una multa de $10,000 dólares.

Ocaña, de 39 años, se entregará este lunes para comenzar a cumplir su sentencia. Aunque la decisión del tribunal cerró el caso judicial, deja al descubierto una red sofisticada de contrabando de dinero y las implicaciones legales de estos actos en un contexto de tensiones económicas y migratorias entre ambas naciones.

Según los documentos judiciales, Ocaña realizó alrededor de 40 viajes a Cuba desde junio de 2023, de los cuales al menos 16 incluyeron el transporte ilegal de dinero en efectivo hacia Estados Unidos sin la declaración obligatoria.

El 5 de febrero, durante una inspección de rutina en el Aeropuerto Internacional de Tampa, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza encontraron $102,709 dólares escondidos en su equipaje. A pesar de haber afirmado no portar dinero en efectivo, las autoridades descubrieron el cargamento, lo que llevó a la detención de Ocaña.

En declaraciones posteriores, Ocaña confesó que contrabandeaba dinero con frecuencia desde Cuba y recibía pagos que oscilaban entre $1,000 y $2,500 dólares por viaje.

En agosto, Ocaña se declaró culpable, admitiendo su rol en el esquema ilegal. Su abogado defensor, Juan C. Mercado, presentó varios argumentos para mitigar la pena, resaltando que la mujer es madre de tres hijos, dos de ellos menores de edad, y enfrenta problemas de salud tras un accidente laboral que requirió cirugía de rodilla.

Mercado enfatizó que Ocaña no tenía antecedentes penales y colaboró parcialmente con las autoridades. Según él, la resolución fue "favorable", considerando que la acusada enfrentaba una potencial condena de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

El gobierno federal, sin embargo, subrayó la gravedad del caso. Argumentó que el esquema de contrabando no era un incidente aislado, sino una operación sostenida y sofisticada, que representaba un desafío directo a las leyes de control financiero entre ambos países.

En consecuencia, la fiscalía solicitó una sentencia más severa, de 11 meses de prisión y una multa de $32,000 dólares, para enviar un mensaje claro sobre las repercusiones de este tipo de delitos.