Referirse a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos en contextos como el cubano resulta una tarea de gran complejidad. Por un lado, ello se debe al funcionamiento de los mismos sistemas y, por otro, a la falta de ratificación de los principales instrumentos de Derechos Humanos (DDHH). Siempre quedan dudas acerca de la efectividad de los organismos internacionales para proteger a la ciudadanía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) suele ser la referencia, el instrumento base y el más importante en el desarrollo de los DDHH. La discusión gira en torno a su carácter obligatorio y las declaraciones, en sí mismas, no son tratados internacionales en sentido estricto, por lo que no resultan jurídicamente vinculantes para los Estados.
El régimen cubano ha dicho con frecuencia que no ve la necesidad de obligarse mediante estos instrumentos, alegando que las disposiciones se encuentran en su ordenamiento interno.
Vale la pena recordar la visita realizada a Cuba por la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación en el año 2007, con el objetivo de reunir información sobre las acciones al interior la isla para proteger este derecho. Si bien ya han pasado casi 15 años, algunas de sus conclusiones sirvieron para llamar la atención sobre las condiciones de alimentación y nutrición en el país, y también para que el régimen legitimara la narrativa del “bloqueo” norteamericano.
La confusión aumenta debido al reconocimiento dado a Cuba por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por el supuesto compromiso con la erradicación del hambre, cuando la realidad es que el cubano gasta gran parte de su día en la búsqueda y la espera de unos alimentos que no cubren ni el 40% de sus necesidades.
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Resulta sorprendente que por medio de organizaciones oficialistas como la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) se tergiversen los comunicados de prensa y la información oficial publicada por estos órganos internacionales, ofreciendo noticias falsas a la opinión pública.
Tanto las conclusiones de la visita de la Relatoría y los espaldarazos recibidos por parte de órganos internacionales como la FAO, evidencian el poder que tiene el lobby internacional de este tipo de regímenes.
Lo anterior no pretende desprestigiar dichos órganos ni cuestionar su importancia en el sostenimiento de las democracias, pero vale la pena llamar la atención sobre la información que los mismos Estados brindan. Cuando esta es reproducida por ese tipo de organismos, se asumen como verdades incuestionables.
Si bien es cierto que la prioridad es atender las necesidades presentes, no debe desestimarse la importancia de atacar las verdaderas causas de la inseguridad alimentaria crónica en Cuba, que no es más que una condición provocada por el régimen para generar el control social y político de la población.
