María Yudizan Pérez, vive en el batey Carolina, del municipio villaclareño de Camajuaní. “Vive” no es el verbo más apropiado… en realidad malvive en un antiguo círculo infantil casi derrumbado, desde que la albergaran allí en 2008.
Ese año el huracán Ike derrumbó su casa y tuvo que trasladarse hasta el círculo. Le prometieron una nueva vivienda, pero ya pasaron 12 años y el gobierno no local no da respuestas. Sus hijos y su madre viven en casas ajenas, en condición de acinamiento.
Por más gestión que hizo para salir de allí, no lo logró. Y el huracán Irma en 2017 le agrietó paredes y arrancó el techo al círculo. Le dejó cuatro canelones, que con dificultad hoy apenas protegen sus escasas pertenencias.
Gestionó para reparar, y le dijeron que era medio básico del Estado, no vivienda. Fue al Gobierno provincial en Santa Clara. La atendió un vicepresidente junto a otros cuadros. Sugirieron el otorgamiento de un subsidio por el Gobierno de Camajuaní, el cual hasta ahora no lo ha dado.
“Me dicen que si reúno los requisitos darán respuesta en el futuro, plantea. Pero los cuadros del municipio han sido cambiados; y yo he tenido que contar mi odisea una y otra vez. Todos estudian mi caso y nadie da respuesta. Está en Vivienda mi expediente. ¿Tendré que esperar 11 años más con mi familia en casa ajena, mi madre en situación de hacinamiento y perdiendo mis artículos?”, se pregunta María.
El deterioro del fondo habitacional y la paralización casi total de construcciones tienen a muchas familias cubanas en vilo; algunos porque sus casas están en mal estado, y otros, los albergados como María Yudizan, porque ven alejarse sus esperanzas de tener casa.
ADN Cuba ha informado de innumerables casos como el de esta villaclareña. En julio de 2019, por ejemplo, reportó el caso de Sulema Menéndez y su hijo Samuel Ponce, que entonces tenía casi dos años de edad.
Antes que el niño naciera, el Consejo de Administración Municipal (CAM) de Playa aprobó una capacidad de albergue para ella, pero después de algunos cambios de personal en la estructura del gobierno local, se perdió el expediente de este caso social. No tienen casa y nadie les da respuesta.
Sulema se encuentra en un espiral burocrático que asciende desde el propio gobierno local, la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, las direcciones municipales de Albergue, Vivienda, Construcción, Asamblea del Poder Popular, hasta el Consejo de Estado, o incluso el CENESEX, en búsqueda desesperada de la influencia política de Mariela Castro.