EEUU condena juicio contra joven con discapacidad intelectual

Walnier Luis Aguilar Rivera fue sentenciado por el supuesto delito de “sedición” tras manifestarse el 11 de julio en el barrio habanero de La Güinera.
Walnier Aguilar Rivera (izquierda) junto a su padre. (Foto tomada de Facebook)
 

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba condenó este 14 de abril el juicio contra Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 23 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

En una publicación en Twitter, la misión diplomática dijo que Aguilar, de 21 años, protestó ese día “por mejores condiciones de vida para su familia” y el gobierno cubano lo condenó a 23 años de cárcel.

El mensaje, que forma parte de la campaña “Presos Por Qué”, del Departamento de Estado, recuerda que el padre de Walnier denunció que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de su hijo.

Aguilar Rivera fue sentenciado por el supuesto delito de “sedición” tras manifestarse el 11 de julio en el barrio habanero de La Güinera.

Durante la audiencia, celebrada en el Tribunal Supremo Popular de Diez de Octubre, también fueron juzgados otros manifestantes antigubernamentales de la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, algunos de los cuales recibieron condenas de hasta 30 años de cárcel.

En total, 128 personas fueron condenadas por las protestas del 11 y 12 de julio en los mencionados barrios, donde se produjeron choques con las fuerzas policiales tras la represión ordenada por el Gobierno contra las manifestaciones pacíficas.

La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven asciende a 30 años de cárcel, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas.

El tribunal del régimen aseveró que, en el municipio de Diez de Octubre, los manifestantes actuaron “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior” e “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”.

La activista Salomé García Bacallao, miembro del grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, calificó en redes sociales la nota de las sentencias como “una mentira y un insulto a los manifestantes y a sus familiares que estuvieron en los juicios y saben que fueron una farsa. No tuvieron piedad con los menores de edad”.

 

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