El polémico Decreto 349 estaba fijado para su completa entrada en vigor el 7 de diciembre último, pero una buena parte de sus procedimientos se han puesto en pausa ante la presión de la comunidad artística cubana.
Los funcionarios culturales han entablado reuniones con artistas de la Isla, pero los intercambios se han mantenido en silencio y no se han conocido detalles sobre ese proceso de consulta y debate con el fin de corregir un documento que disparó las alarmas entre un importante segmento de creadores.
Se espera que en algún momento se divulguen los resultados de esas conversaciones con las modificaciones correspondientes a la normativa.
El decreto desató una fuerte polémica desde que se dio a conocer porque no se tuvo en cuenta la opinión de los artistas, quienes han mostrado preocupación por un documento que han interpretado como una vía libre para la censura en los procesos de creación en Cuba.
El rango de artistas que criticó su puesta en práctica ha ido desde personalidades como el trovador Silvio Rodríguez, el pianista Bobby Carcassés, el cineasta Fernando Pérez, hasta un grupo de jóvenes artistas que han realizado manifestaciones públicas contra el proyecto de ley.
Rodríguez, un histórico defensor de la revolución cubana, se ha referido al camino que concluyó en la firma del documento como “poco democrático”.
“El Decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente (Miguel Díaz-Canel) para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas. Quiero decir que fue algo cocinado entre pocos y una disposición de esos alcances debe tener un origen -y un fin- más democrático”— escribió el trovador en su blog Segunda Cita.
“Quizá debiera hacerse una moratoria del decreto— exhortó— hasta que se discutiera y se resuelve una modificación aceptable. Yo mismo no sé si a partir del año que viene voy a poder trabajar en el exterior como lo he venido haciendo. Lo que me hace recordar que empecé a trabajar por mi cuenta ante la probadísima ineficiencia de los mecanismos de contratación y coordinación estatales”.
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Medios oficiales de la Isla, sin embargo, han afirmado que los artistas opuestos al “349” buscan “la demolición de la política estatal sobre el arte y la literatura” y “el derrumbe del socialismo”.
“El decreto busca regular las acciones artísticas en los espacios públicos para eliminar el intrusismo, la chabacanería y la vulgaridad”, según declaraciones del Ministro de Cultura, Alpidio Alonso.
Uno de los puntos más polémicos del documento el apartado que obliga a los artistas a pertenecer a una institución cultural del gobierno para poder actuar, exponer y comercializar su trabajo.
El titular de Cultura dijo a inicios de diciembre de 2018 que iba a ser aplicado de manera progresiva, pero no especificó un rango de tiempo.
Los artistas que se oponen a su aplicación dicen que se trata de una ley contra la, la autonomía y la libertad artística.
En noviembre pasado un grupo de creadores hizo pública una carta que enviaron a la Fiscalía General, al Consejo de Estado y la
Asamblea Nacional del Poder Popular, así como al Ministerio de Cultura, en protesta por la falta de transparencia en la aplicación del decreto y llamaron a un diálogo democrático.
“La demanda final de nuestra carta consistía en someter a debate público el Decreto en cuestión, ya que considerábamos que su elaboración no había tomado en cuenta criterios de la mayoría de los artistas del país y de su intelectualidad”, indicaba el documento firmado por artistas e intelectuales como el escritor y crítico de arte Rafael Almanza, la bailarina Gabriela Burdsall, los cineastas Carlos Lechuga y Carlos Quintela, el escritor Iván de la Nuez, la productora Claudia Calviño y el diseñador Raúl Valdéz “Raupa”.
El resultado de las reuniones sobre el decreto no se ha hecho público ni se han mencionado los nombres de los artistas e intelectuales que participan en la elaboración de la ley definitiva.
